UGT se suma a la campaña contra el anteproyecto de ley contra el fraude

por El Vigía

El sindicato UGT ha emitido este miércoles un comunicado para posicionarse contra el anteproyecto de ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal al considerar que pone en riesgo el empleo directo y condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de empresas transitarias y de representantes aduaneros.

UGT se suma así a la posición mostrada ya por CCOO en la campaña que Feteia-Oltra y el Consejo General de Agentes de Aduanas están llevando a cabo en los últimos meses para paralizar esta iniciativa.

El sindicato considera que el objeto fundamental de este anteproyecto es el establecimiento de normas nacionales que eviten la elusión fiscal, pero considera que «las pretensiones del ministerio de Hacienda van más allá» y modifica varias normas fiscales que afectan a la actividad de representación aduanera de las empresas transitarias en materia de importaciones.

Se tratan, en opinión de UGT, de modificaciones que introducen novedades sustanciales que alteran el nivel de responsabilidad exigido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria a las empresas respecto a las deudas tributarias de sus clientes, «llegando a resultar solidaria con aquellos». El sindicato critica, además, que el anteproyecto establezca el deber de mantener inmovilizada durante tres años la garantía económica de despacho que se les exige por cada uno de los servicios prestados a favor de los clientes.

En opinión del sindicato, estas modificaciones pueden entrar en contradicción con el Código Aduanero de la Unión y señala que no existen «exigencias similares en países del entorno, con lo que pone en riesgo no tan solo la propia actividad transitaria de nuestro país, sino que incluso el volumen de importaciones que entran en nuestros puertos o aeropuertos y, consecuentemente, al empleo que de él depende debido a la búsqueda de la competitividad existente en el sector del transporte».

UGT concluye el comunicado con un llamamiento al ministerio de Hacienda para que «lleve a cabo las modificaciones necesarias en su anteproyecto que eviten que su legítima búsqueda de aseguramiento de cobro de deudas tributarias y recaudación, no conlleve la pérdida de miles de empleos, tanto del empresas transitarias, como de aquellas integradas en la cadena logística».

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