Los técnicos de Plaza certificaron la entrega de obras millonarias sin ejecutar

por El Vigía

A la trama de licitaciones irregulares destapada por las Cortes de Aragón el pasado mes de julio, se suma, ahora, una red de certificaciones por obras que ni tan siquiera fueron iniciadas en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza). El actual gerente del complejo logístico, Jesús Andreu, expuso, durante más de cuatro horas, y ante la comisión de investigación de las Cortes de Aragón –que busca depurar responsabilidades políticas en la gestión de dicha plataforma–, los hallazgos encontrados por el actual equipo directivo de la sociedad pública, entre los que destacan “certificaciones que no se corresponden con la realidad”. El relato del actual gerente de Plaza no dejó impasibles a los miembros de la comisión, que tras la exposición de Andreu, solicitaron un receso para replantear las preguntas que habían preparado para el responsable público.
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“Los técnicos certificaban cosas que sabían que no estaban ejecutadas”, contestaba Andreu al ser preguntado por el papel que jugaron estos profesionales en la construcción de las obras de Plaza. “Son los jueces quienes deben juzgar”, continuaba Andreu, “pero certificar que en un terreno existe un agujero de seis metros de profundidad y del tamaño de seis campos de fútbol, cuando yo personalmente he visitado ese terreno y ahí lo que hay es un arroyo…”, afirmaba el actual gerente de Plaza. Jesús Andreu hizo referencia, también, al sistema de videovigilancia, que costó tres millones de euros y que nunca se instaló: “Reviso el acta de recepción y no se dice nada de que esta obra no estaba ejecutada y en servicio”, explicaba el compareciente con perplejidad.
La misma perplejidad utilizó Guillermo Montaner, el arquitecto que elaboró uno de los informes en los que se alertaba de las irregularidades de los contratos en Plaza, al afirmar que “lo certificado es falso porque no se corresponde con la realidad, el acta de recepción la firma la propiedad, por lo tanto, o hay connivencia o son ciegos”. Al hilo de esta afirmación, el arquitecto insistió en que las certificaciones y la gestión de los modificados “son las irregularidades más importantes” y añadió de forma tajante que “en la ejecución y en la entrega de la obra, existen irregularidades que podrían definirse como una actitud negligente”.
Otro de los capítulos que llamaron la atención del actual equipo directivo de la plataforma logística fue la modificación del proyecto de la segunda fase. Los modificados de este proyecto, “de millones de euros”, fueron redactados por la ingeniería Intecsa Inarsa, que asesoró a Plaza en el planteamiento de sus obras, pero que no fue contratada “de manera formal” para redactar estos modificados. De hecho, la ingeniería, según la declaración de Andreu, trabajó durante cinco años sin contrato para Plaza. Asimismo, “no se convocó un concurso para los modificados, se dio por sentado que los asumía la UTE y además, tampoco se realizó ningún tipo de contrato entre Plaza y la UTE”. A este respecto, Guillermo Montaner explicó que “no hubo proceso de licitación alguno en las modificaciones, y el contrato con Intecsa Inarsa parece que fue verbal”. Asimismo, se mostró convencido de que “es irregular que la misma UTE realice todas las obras, porque no hay una necesidad técnica manifiesta” y concluyó asegurando que “me parece sorprendente que los consejos de administración no dijeran nada sobre el tema”.
Pagos a particulares
Pero además de estas irregularidades en los contratos, el actual gerente de la sociedad pública continuó explicando que al encontrar tales desajustes, “informé al consejo de administración de que existían obras en la certificación 89 que no estaban finalizadas y que había otras de discutible abono”. En ese momento, proseguía el compareciente ante la atenta mirada de los miembros de la comisión, “me explican”, sin especificar quién lo hizo, “que lo que queda por hacer está en el acta paralela de remates”. Fue entonces cuando el equipo de Andreu solicitó ese acta y “se nos entregó un folio, sin fecha, en el que se recogen auténticas partidas millonarias por unos remates de los que no consta el nombre”. El gerente de Plaza se mostró convencido de que ese documento “no eran remates, eran calles enteras sin urbanizar, no es normal que se reciba una certificación de obra, faltando millones de euros de esa obra”. “Se puede hacer una recepción parcial”, continuaba el gerente, “pero no un acta de remates”.
Ante estas declaraciones, los miembros de la comisión preguntaron al compareciente si se estaba refiriendo, entonces, a un caso de corrupción política, a lo que éste respondió: “Entiendo que la corrupción se define como una serie de irregularidades acometidas por una serie de empresas a cambio de unos pagos por parte de unos particulares”. En este sentido, el compareciente volvió a recordar que no era juez, pero puso en duda que se hubiera cometido un error en el pago de 150 millones de euros: “Un error de este tipo sería curioso y llamativo”, reflexionaba.
Sobre el pago a estos particulares, Jesús Andreu puso un ejemplo claro de cómo se había desviado el capital de Plaza. “Se hacían facturas por el saneo de El Pino, una superficie sin urbanizar dentro de la plataforma logística de más de 35.000 metros cuadrados”, explicaba, y añadía que las facturas se giraban “contra la UTE por parte de una serie de empresarios tipo Fernandez Langa, pero éstos realizaban actuaciones en obras particulares, no en Plaza, ni en El Pino”. “La UTE tomaba las facturas y las convertía”, relataba Andreu, “si la factura ascendía a 50.000 euros, se dividía entre cuatro –a cuatro euros el metro cúbico– y esto daba 12.500 metros cúbicos”. “Ese mes”, continuaba el gerente, “se emitía una factura por el saneo de 12.500 metros cúbicos en El Pino y por valor de 50.000 euros”. Ante tal declaración, desde la comisión preguntaron si el millón de euros al que ascendió el saneo de El Pino correspondía a facturas falsas, a lo que el gerente de la plataforma contestó que “eso lo tiene que decir la Justicia, pero el millón de euros se registra en la certificación final”, asintió el gerente de la plataforma logística ante la comisión.
Una dudosa gestión jurídica
Tras la intensa comparecencia de Jesús Andreu, fue Claudia Cabeza, asesora jurídica de Plaza, quien atendió las preguntas de la comisión. Cabeza inició su relación laboral con Plaza en el año 2008, relación que todavía mantiene, y fue muy rotunda al afirmar: “Al parecer, la forma de gestionar los contratos no era demasiado legal, pero yo trabajaba como becaria entonces”. Cabeza explicó que la ley de Contratos del Estado exige la redacción de los modificados y que “parecía muy raro que el montante de la obra subiera y no se generase un contrato”. A este respecto, la asesora jurídica recalcó que desde el departamento técnico “iban certificando obra y no comunicaban directamente al departamento jurídico”. En este sentido, matizó que “cuando nos enterábamos de esa certificación, por el consejo de administración, igual ya llevaban 80 millones de euros, y se debería haber hecho un procedimiento para esto”, concluyó.

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