Sánchez propone la creación de zonas de bajas emisiones en ciudades de más de 50.000 habitantes

por El Vigía

El candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes una “lucha sin cuartel contra la contaminación en el ámbito urbano”. Durante su discurso de investidura, el presidente en funciones ha avanzado su objetivo de regular “la obligación de que las ciudades de más de 50.000 habitantes se doten de zonas de bajas emisiones, con restricciones para los vehículos más contaminantes”.

“Quiero ser muy claro en este ámbito: máxima exigencia con todas las administraciones. Nadie va a parar Madrid Central. No puede haber pasos atrás”, ha asegurado Sánchez, que considera una “irresponsabilidad absoluta exponer a España al riesgo de sanciones por parte de las instancias europeas y, más aún, una irresponsabilidad aún mayor, renunciar al derecho de la ciudadanía a respirar un aire más limpio”.

El presidente en funciones ha asegurado que “nuestro país tiene una asignatura pendiente en materia de fiscalidad medioambiental. No podemos seguir estando a la cola de la UE”. “No se trata de recaudar más, sino de desincentivar un modelo productivo con enormes costes sociales, ambientales y sanitarios”, ha explicado el candidato socialista, que ha explicado que “el Gobierno apostará por la emisión de bonos verdes que vinculen la deuda pública a la financiación de proyectos bajos en carbono”.

En este plan contra la contaminación, Pedro Sánchez se ha referido a una Estrategia y una Ley de Movilidad Sostenible, que garanticen “el derecho a una movilidad eficaz, intermodal y conectada, avanzando de la mano del sector industrial”. “Lo haremos mediante el Plan Estratégico de Apoyo Integral al Sector de la Automoción que se ejecutará entre 2019 y 2025”, ha explicado.

Durante su discurso en el Congreso, el presidente en funciones se ha referido a los “desequilibrios” en el ámbito de las infraestructuras y se ha comprometido a impulsar un Pacto de Estado en materia de infraestructuras y transporte, “que garantice el cumplimiento de los planes ferroviarios de alta velocidad actualmente en ejecución, que estudie las conexiones largamente demoradas, como la de Cantabria o la de Extremadura, y que determine la inversión en cercanías y las actuaciones necesarias en los corredores Mediterráneo y Atlántico”.

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