Retenciones en alta mar

por Àlex Segarra
Àlex Segarra

Economista, asociado de Roca Junyent

La controversia está servida desde un primer momento cuando uno se plantea de quién es el mar y quién tiene competencias para gravar todo aquello que ocurre en él.

A primera vista parece una pregunta relativamente sencilla de responder con la Consitución en la mano. El artículo 132.2 establece que “son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo terrestre, las playas, el mar territorial, y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental”.

Parece claro: el mar territorial pertenece al Estado. Sin embargo, esto no significa que sobre este espacio marítimo no puedan ejercerse competencias autonómicas. En este sentido, previa a la pasada reforma de 2017 del Concierto Económico de la Comunidad Autónoma del País Vasco no se preveía ninguna regla que definiera la territorialidad de los servicios prestados materialmente a bordo de buques de navegación marítima sin distinguir ni los prestados en el mar territorial ni los realizados en aguas internacionales.

Entonces, en 2017, con la reforma del Concierto Económico Vasco, lo que parecía claro –el mar y sus competencias pertenecen al Estado– hace un giro de 180º y prevé expresamente que los servicios prestados en alta mar se imputen al centro de trabajo que, en estos casos, se sitúan en el puerto base, sea territorio común o foral. Por lo tanto, las retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a practicar a los trabajadores que prestan servicios en alta mar deben ser las fijadas por las Administraciones forales de Bizkaia y Guipuzkoa, y no las estatales.

Este conflicto viene de lejos, pues la Administración Tributaria siempre ha considerado que la única administración competente para la práctica de dichas retenciones es la estatal, entendiendo que las aguas internacionales o el mar territorial no forman parte del territorio vasco. Por tanto, con la reforma del Concierto Económico comenzó la controversia, puesto que desde la Administración se considera que la herramienta del Concierto Económico solo distribuye competencias entre la Hacienda foral y la estatal y, por otro lado, la Administración foral se acoge a la reforma del Concierto para considerar que estos trabajadores están adscritos a un centro de trabajo situado en tierra y donde radica el puerto base de la embarcación.

Ante cualquier tipo de conflicto, el Concierto Económico establece una junta arbitral que se encarga de resolver las controversias sobre la aplicación de los puntos de conexión y, en caso de que alguna de las partes no esté de acuerdo con lo resuelto por la junta, cabe la interposición de un recurso contencioso-administrativo directo y en única instancia ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Y hasta aquí hemos llegado.

La resolución 6/2018, de 28 de junio, de la Junta Arbitral del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco (Ref. 144674/2018) resolvió la controversia a favor de las pretensiones deducidas por las Administraciones forales, alegando que no cabía entender que el Estado tuviera competencia sobre todo lo que no se produjera en territorio vasco, sino que en el caso de los servicios prestados a bordo de embarcaciones en alta mar el punto de conexión debía determinarse por referencia el puerto base al que estuviera adscrito el buque. Ante esta resolución, la Administración General del Estado interpuso un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo que, por medio de la sentencia de 4 de octubre de 2019, ha resuelto la cuestión, desestimando el recurso y confirmando la resolución de la Junta Arbitral.

“Las retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a practicar a los trabajadores que prestan servicios en alta mar deben ser las fijadas con los tipos de retención de las Administraciones autonómicas, no con los tipos de retención estatales”

Esta Sala Tercera del Tribunal Supremo ha entendido que la teoría de la Administración en la que se interpreta que el mar y las aguas internacionales nunca pueden ser territorio vasco contradice lo que el propio legislador ha regulado en la reforma de 2017, en la que se prevé expresamente que los servicios prestados en alta mar se imputen al centro de trabajo que, en estos casos, corresponden al puerto base. Por lo tanto, reitero que las retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a practicar a los trabajadores que prestan servicios en alta mar deben ser las fijadas con los tipos de retención de las Administraciones autonómicas, no con los tipos de retención estatales.

La siguiente tabla de retenciones del IRPF de Gipuzkoa para 2018 permite visualizar numéricamente la diferencia:

A modo de ejemplo, para comparar con las retenciones del IRPF estatal, un ciudadano con una base imponible de 23.000 euros tendría que aplicar un 19% sobre los primeros 12.450 euros, un 24% para el bloque que va de los 12.450 euros hasta los 20.200 euros y, finalmente, un 30% exclusivamente para el bloque que va desde los 20.200 a los 23.000 euros. De esta forma, realizando los cálculos veríamos como el tipo medio final se situaría en un 22,02%, es decir, unas retenciones de 5.065,50 euros sobre los 23.000 euros.

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