Regular por ley la carga y descarga supone un coste de 2.000 millones

por El Vigía

La demanda de los transportistas para prohibir por ley la carga y descarga de las mercancías por los conductores supondría un coste superior a 2.000 millones de euros para los cargadores. Para el director general de Aecoc, José María Bonmatí, la medida iría en el “sentido contrario a lo que demanda el nuevo escenario y provocaría un nivel de conflictividad enorme por la dificultad que tiene la disposición de medios para facilitar su aplicación”.

Bonmatí recuerda que la ley de Contrato de Transporte permite que a través del acuerdo pueda realizarse y remunerarse ese servicio de carga y descarga, “y no dejar esta cuestión al acuerdo entre las partes va en la dirección contraria a la hora de dotar de mayor flexibilidad y competitividad a la cadena de suministro”.

La obligación de realizar la carga y descarga de la mercancía por parte de los conductores es uno de los motivos que ha llevado a las patronales del transporte a convocar dos jornadas de paro a final de mes. Los transportistas exigen al Gobierno que lo prohíba por ley. La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha arremetido contra estas declaraciones del responsable de Aecoc, que considera “injustas, indignantes y velan únicamente por los intereses de las empresas cargadoras y sus clientes, sin importarles un bledo las consecuencias que esta medida supone para el transporte de mercancías por carretera”.

La principal patronal del sector se queja “tanto por el trato inhumano que han dispensado a nuestros conductores en muchas plataformas logísticas y centros de carga, donde se les ha negado hasta la posibilidad de acceder a los aseos y servicios más básicos, como por la imposición de realizar las labores de carga y descarga cuando no disponíamos de ningún tipo de protección con el consiguiente riesgo de contagio”. Fuentes de la organización aseguran que “no vamos a consentir más abusos por los intereses partidistas de nuestros cargadores, estamos hartos de las presiones para que los conductores realicen un trabajo que no les corresponde y que pone en grave riesgo su seguridad personal”.

CETM acusa a la asociación de cargadores de “entorpecer” las negociaciones que el transporte de mercancías mantiene con el Gobierno, con el objetivo de “construir un marco normativo justo y evitar así que el servicio que prestamos, y que da vida a nuestra sociedad como ha quedado demostrado durante esta pandemia, se detenga”. La patronal ha convocado para los próximos días 27 y 28 de julio un cese total de la actividad del transporte.

 

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