Puertos y sindicatos establecen un preacuerdo para el nuevo convenio colectivo

por Alberto Guerrero

La comisión negociadora del III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias ha alcanzado este miércoles un preacuerdo, según la información aportada por UGT y CCOO. El comunicado emitido por  los sindicatos realiza una «valoración positiva» de este preacuerdo, al considerar que mejora «de forma sustancial» el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos y que supone «un gran paso en la recuperación de los derechos perdidos durante la crisis». En su opinión, este convenio, que tiene vigencia hasta 2025, «nos permitirá de forma completa recuperar el poder adquisitivo perdido».

El preacuerdo, que queda supeditado a la autorización definitiva de los órganos de control, «supone la recuperación de buena parte de los derechos económicos, sociales y laborales de los últimos diez años», aseguran los sindicatos. En concreto, el texto supone la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales y la subida salarial en los porcentajes máximos del acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos, además de la recuperación de los incrementos adicionales para desarrollo y productividad del 1,31% para cada año de la vigencia del convenio. Todo ello supondrá la eliminación del epígrafe 5% del RD 8/2010 en las nominas de los trabajadores de los puertos», detallan los sindicatos.

El documento incorpora también el mantenimiento del acceso a la jubilación parcial al 75% mediante contratos de relevo de carácter indefinido y a jornada completa. «Complementariamente a esto se acuerda la posibilidad de acceso a bajas incentivadas cuatro años antes de la jubilación definitiva y de aplicación a todo el personal de convenio y fuera de convenio», sostienen UGT y CCOO. Otra de las modificaciones es la regularización de los deslizamientos de masa salarial relativos a acuerdos en materia de gasto social acordados antes de la Ley 17/2012.

El preacuerdo incluye también, entre otras medidas, seguro médico para los trabajadores y la no exigencia de titulación en promoción interna, «salvo aquellas ocupaciones para las que legalmente sea indispensable», explican los sindicatos.

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