Primera sentencia contra el cártel de camiones de una audiencia provincial

por El Vigía

La Audiencia Provincial de València ha dado la razón a dos transportistas valencianos contra las empresas del grupo Fiat-Chrysler por el denominado cártel de los camiones: una práctica anticompetitiva de ámbito europeo por la que la práctica totalidad de los fabricantes acordaron aumentar los precios de sus vehículos.

La sentencia estima la demanda presentada por el despacho valenciano Varona contra los fabricantes de camiones y les  condena solidariamente a pagar una compensación equivalente al 5% del precio de adquisición, más los intereses desde la adquisición de los vehículos. Se trata de la primera sentencia dictada por un tribunal provincial y es única en cuanto a su contenido en toda Europa. Según Varona, se trata de la más avanzada del continente de un tribunal de este rango.

Según los abogados Ignacio Varona y Rafael Fuentes, encargados de la dirección letrada del procedimiento, es muy probable que finalmente sea el Tribunal Supremo el que dictamine sobre el asunto, dado que “aunque la infracción y el daño son manifiestos y están probados, la política de defensa de todos los fabricantes de camiones ha sido dilatar y entorpecer por todos los medios el proceso, con el objetivo de retrasar la firmeza de una sentencia que podría ser pionera en el resto de Europa”.

Además de esta demanda contra Fiat Chrysler, el despacho Varona ha presentado más de cien en diferentes juzgados de toda España, representando a miles de camiones contra la totalidad de los fabricantes sancionados.

RECURRIR EN LOS JUZGADOS ESPAÑOLES

La Comisión Europea sancionó en julio de 2016 con 2.930 millones de euros a los fabricantes de camiones europeos MAN, Volvo-Renault, Iveco, Mercedes-Benz (Daimler) y DAF por pactar precios y repercutir en los compradores el coste de cumplir con la normativa de emisiones contaminantes.

Este bufete considera que aún es posible seguir presentando demandas para compensar a los transportistas por el perjuicio que les ha supuesto el aumento del precio pactado por el cártel. Y sostiene que la mejor vía para defender sus intereses es interponer acciones procesales en los juzgados mercantiles españoles, considerando que la jurisdicción de nuestro país es la más apropiada para resarcirse del daño producido por las empresas infractoras.

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