Primera sentencia íntegra contra el cártel de fabricantes de camiones

por El Vigía

Un juzgado valenciano ha dictado la primera sentencia española contra el cártel de fabricantes de camiones que confirma íntegramente la demanda y valida la prueba pericial aportada para cuantificar los daños causados al demandante. La resolución reconoce, además, el derecho del transportista demandante a abonar los intereses legales pertinentes desde la fecha de compra del vehículo hasta la presentación de la demanda, así como los intereses procesales que se deriven hasta la ejecución de la sentencia.

El despacho de la empresa demandante, CCS Abogadosgestiona 4.000 demandas vehiculadas a través de la patronal CETM por la compra de 35.000 camiones. Según el bufete, el modelo de prueba pericial presentada, metodológicamente alineado con el que acompaña a las demandas presentadas en otros países europeos y diferente a los demás aportados ante los juzgados españoles, cuantifica el daño causado por el cártel a lo largo de 14 años en el 16,35% del coste (sin impuestos) de cada camión.

En los fundamentos jurídicos, el juzgado mercantil número tres de València destaca que “los peritos han realizado una búsqueda proactiva de datos sobre los que desarrollar sus modelos, que parecen idóneos para recrear los efectos de la infracción y que han sido puestos a disposición de la parte demandada”. El texto afirma que “el informe CCS es cuantitativa y cualitativamente transparente, muy intenso y convincente en ausencia de un informe mejor fundado que lo refute”.

Igualmente, pone en valor que “el estudio no se contenta con la expresión de un sobrecoste medio, sino que trata de individualizar los daños eventualmente sufridos por la parte actora mediante la recreación de un iter cronológico sobre la mayor eficiencia del cártel en la repercusión de sobreprecios con el paso del tiempo”.

La Comisión Europea sancionó en 2016 con 2.930 millones de euros a los fabricantes MAN, Volvo/Renault, Iveco, Daimler (Mercedes Benz) y DAF, y en 2017 con 880 millones a Scania, por haber pactado los precios de venta de sus vehículos y por haber repercutido sobre el comprador los costes derivados del cumplimiento de las normas de emisiones. Es la mayor multa impuesta por Bruselas en materia de derecho de la competencia.

 

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