Murcia incluye los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su nueva ley de infraestructuras

por El Vigía

La Región de Murcia ha presentado la primera ley autonómica en infraestructuras y vivienda que recoge los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda Urbana española y europea y de la ONU, con el fin de prevenir y reducir los efectos del cambio climático en la comunidad. Así se incluye en el decreto-ley para mitigar el impacto socioeconómico del Covid-19 en materia de infraestructura y vivienda, que ha convalidado la Asamblea Regional, e inicia ahora su tramitación como proyecto de ley.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, ha explicado que “el texto incluye una amplia batería de medidas en el área de infraestructuras para favorecer la reactivación rápida de la actividad privada a través de la agilización burocrática y que se integran en el Plan Reactiva para avivar la economía regional ante la crisis sanitaria”.

“Introducimos en la ley la sostenibilidad y la protección medioambiental como un elemento fundamental de la actividad administrativa en materia urbanística”, ha señalado Díez de Revenga, quien ha añadido que “se pretende que la ordenación del territorio y el urbanismo sean herramientas sensibles a la sostenibilidad y a la protección medioambiental como elementos fundamentales para el desarrollo”.

El objetivo de la ley “es ganar en eficiencia y competitividad del tejido productivo regional gracias a aligerar la carga burocrática”. El consejero considera, además, “urgentes” las medidas propuestas para favorecer la actividad empresarial, proteger el empleo y dar seguridad en los hogares, ante una “crisis económica sin precedentes”.

Entre las medidas de fomento de la sostenibilidad, también se favorece la instalación de placas solares y se apuesta por una gestión sostenible de los puertos a través de la introducción de criterios de ecoeficacia y adaptación al cambio climático en la adjudicación de las concesiones portuarias.

Díez de Revenga ha explicado que la norma recoge medidas de reactivación empresarial a través de la agilización de la burocracia que posibilita la atracción de inversiones en energía renovable, así como la eliminación de duplicidades y la carga administrativa con el fin de facilitar la implantación de actividades.

La nueva ley supone, además, una reducción generalizada de los plazos administrativos en los procesos urbanísticos, y una aceleración de los procedimientos de tramitación de los planes generales de los municipios y sus modificaciones puntuales. También se posibilita la tramitación simultánea de licencias de edificación y el estudio de detalle, así como se amplía el uso de la denominada ‘declaración responsable´ en las licencias de edificación que agilizará de igual modo los tiempos de tramitación administrativa.

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