Motivos suficientes

por Manuel Pérezcarro
Manuel Pérezcarro

Secretario general de Froet

En el XVII Congreso de Empresarios de Transporte de Mercancías que organiza bianualmente la CETM, su presidente, Ovidio de la Roza, dejó entrever la posibilidad de poner de manifiesto la situación desesperada que atraviesa el sector mediante la convocatoria de un paro, cesando la prestación de servicios de transporte durante un periodo de tiempo.

Esta medida, puesta en práctica por el sector en varias ocasiones, es una forma de protesta para hacer llegar a la Administración el desamparo que sufrimos ante una situación concreta. La última vez que se convocó un paro en el sector fue como consecuencia de la negativa inicial por parte de la Administración de devolver las cantidades ingresadas indebidamente por el llamado céntimo sanitario.

La protesta, que no llegó a materializarse porque la Administración rectificó su postura inicial, resultó ser absolutamente justificada, como ha quedado demostrado con sentencias del Tribunal de Justicia Europeo y del Tribunal Supremo.

En estos momentos, el sector está atravesando una situación de pura indefensión ante determinados comportamientos de los cargadores, la pasividad de la Administración para resolver, de una vez por todas, las situaciones de competencia desleal que está padeciendo, o la inacción de la misma ante serios problemas que afectan a un sector estratégico para la economía y desarrollo de un país. Los problemas estructurales del sector son los mismos que se presentaban hace treinta años y a los que no se ha podido o no se ha sabido dar una solución.

El principal, sin duda es la atomización. Se nos puede decir que ha mejorado en estos treinta años y si nos atenemos a los datos se puede concluir que sí, que ha mejorado, pues ha crecido la dimensión de las empresas. Pero estos datos hay que ponerlos en el contexto adecuado.

Hace treinta años, una empresa de cien camiones era una gran empresa de transportes; hoy es una mediana empresa y, además, mientras que antes la contratación del transporte la hacían directamente estas empresas grandes, hoy la figura del operador logístico se impone y son ellos los grandes cargadores, junto a la industria y la gran distribución. El sector, a excepción de un número reducido de empresas, que no es significativo, carece de músculo suficiente para poder negociar con los cargadores unas condiciones adecuadas tanto en el precio como en la prestación del servicio.

Esta situación está llevando a abusos intolerables que afectan directamente a los resultados de la empresa, imposibilitando su desarrollo e impidiendo a esta realizar aquellas inversiones que le permitirían crecer y ofrecer otros servicios de valor añadido en la cadena logística, que hoy prestan los grandes operadores que, en su mayoría, no poseen vehículos.

Por tanto, hay que poner en marcha una serie de medidas dirigidas a proteger a las empresas de transportes de estos abusos que limitan su desarrollo. Me refiero, por ejemplo, a la cláusula obligatoria de revisión del precio del transporte en función de la variación del precio del combustible, hoy absolutamente necesaria; al pago obligatorio de los servicios de transporte a los 30 días de haber efectuado la entrega de las mercancías; la indemnización obligatoria por las paralizaciones en la carga o descarga del vehículo; la obligatoriedad de que cargador y el destinatario de la mercancía dispongan de los medios humanos y materiales necesarios para realizar la carga o descarga del vehículo, prohibiendo al conductor que intervenga en dichas operaciones.

Todas estas medidas tendrían que ir acompañadas de un severo régimen sancionador para que fuesen realmente efectivas, como ocurrió en su día con los excesos de peso. Son demandas que el sector lleva reclamando muchos años sin obtener respuesta alguna.

Otra cuestión que debería abordarse sin más dilaciones es la regulación de los tender, para hacer de estos una forma de contratación eficaz y transparente, y no un indecente sistema de subasta de transporte. Luego el sector tiene otros problemas, y no pequeños, que igualmente deben resolverse.

A título enunciativo, señalaré el desvío obligatorio de camiones por las autopistas de peaje; la implantación de peajes a la carta por las diferentes comunidades autónomas; la subida al diésel del impuesto sobre hidrocarburos, que como mínimo afectará –en caso de su total devolución– a la financiación de las empresas que puedan recuperar el incremento a través del gasóleo profesional, pero que supondrá un incremento de los costes disparatado para el transporte en vehículos de menos de 7,5 toneladas de masa máxima, al que no se le va a aplicar la recuperación de parte del impuesto.

Las cuentas no salen y las empresas de transporte por carretera están en una situación económica precaria que les está impidiendo cumplir con sus compromisos.

Motivos, pues, para convocar un paro, hay más que suficientes y el sector está desesperado. Se requiere para evitarlo una respuesta urgente del Gobierno que debe sentarse a negociar con el Comité Nacional todos estos puntos y poner negro sobre blanco la solución a los mismos.

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