Las empresas de transporte tendrán que demostrar pérdidas del 40%

por El Vigía

El BOE publica este miércoles el real decreto-ley 26/2020, de medidas de reactivación económica frente al covid-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, aprobado en consejo de ministros. La norma es una “medida excepcional” para garantizar la viabilidad de estos servicios esenciales para la movilidad, “que se han visto alterados sustancialmente durante el estado de alarma”. Con ella, se persigue aliviar las necesidades de liquidez de los operadores de manera que puedan seguir prestando un servicio público esencial, así como garantizar una red de transporte “económico, sostenible, seguro, capilar y socialmente rentable”.

Para el transporte público de mercancías, el Gobierno contempla una moratoria de hasta seis meses sobre el pago del principal de las cuotas de los contratos de préstamos, leasing y renting de vehículos de más de 3,5 toneladas, en los casos en que experimenten dificultades financieras por la pandemia. Esto es, cuando hayan sufrido entre marzo y mayo una reducción de ingresos o facturación de al menos el 40%. En el caso de personas jurídicas, los beneficiarios no podrán distribuir beneficios, hacer devoluciones de capital, recomprar acciones propias o retribuir el capital en forma alguna hasta que haya finalizado la moratoria.

Otra de las medidas incluidas es la prórroga por tres meses de la validez de los certificados de inspección técnica de los vehículos (ITV) cuya fecha de inspección esté comprendida entre el 21 de junio y el 31 de agosto de 2020, plazo que se contará desde la fecha de vencimiento del certificado. Mientras esté vigente esta prórroga, las empresas de transporte público de mercancías y de viajeros titulares de una licencia comunitaria tendrán preferencia en las estaciones ITV.

JUNTAS ARBITRALES MÁS ÁGILES

Por otro lado, se adoptan medidas para agilizar las Juntas Arbitrales de Transporte y “evitar su colapso en un contexto de crisis económica en el que las demandas de arbitraje aumentan extraordinariamente”. Para ello, se establece con carácter excepcional y transitorio, la posibilidad de prescindir de la vista oral y su sustitución por un procedimiento escrito, para resolver las controversias más sencillas y de escasa cuantía (no más de 5.000 euros). Las Juntas constituyen un instrumento gratuito, “y de incuestionable éxito”, de protección y defensa de las partes en el contrato de transporte, “por lo que el impacto de esta medida será muy positivo sobre las pymes del sector y sobre la competencia”.

También se incluyen medidas para reducir las cargas administrativas de las empresas de transporte por carretera, tanto de mercancías como de viajeros, flexibilizando los trámites para el visado de las autorizaciones cuyo plazo se amplía en un año. Asimismo, se amplía a dos años la posibilidad de rehabilitar las autorizaciones que no hayan superado el trámite del visado en 2020, por no cumplir la totalidad de los requisitos.

Finalmente, se aplaza hasta enero de 2022 el nuevo sistema de exámenes de competencia profesional para el transporte por carretera regulado en el anexo II del ROTT.

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