Los transportistas extienden a toda Catalunya las marchas lentas contra el desvío a las autopistas

por Alberto Guerrero

La federación de transportistas de Tarragona (FEAT) ha anunciado este jueves que las movilizaciones convocadas inicialmente en Tarragona para el próximo día 11 se realizarán también en Terres de l’Ebre, Lleida, Girona y Barcelona.

Las protestas, que consistirán en marchas lentas, ya estaban convocadas en Tarragona, donde se mantiene el parking de vehículos del Polígono Industrial Riu Clar de Tarragona como lugar de concentración para el inicio de la prostesta. En Terres de l’Ebre la marcha comenzará en la población de L’Aldea por la N-340 en marcha lenta hasta Alcanar, donde se realizará un cambio de sentido en la rotonda y regreso por la N-340 hasta el punto de salida.

La convocatoria para Lleida establece la salida desde el parking del Polígono Industrial El Segre, en dirección a la N-240 dirección Les Borges Blanques, donde se realizará un cambio de sentido y se regresará al punto de concentración de origen. En Girona, la concentración parte de la vía de servicio de la N-II en Aiguaviva, N-II hasta cambio de sentido en C-25, N-II hasta el peaje de Fornells, AP-7 Fornells-Giroba Nord, C-66 dirección Banyoles, cambio de sentido en Les Comes de Sant Julià de Raims y por el mismo recorrido hasta el lugar de origen. Por su parte, en Barcelona «también se están planteando medidas de protestas», explica Feat.

Estas movilizaciones se adoptan “para protestar por la prohibición de circular por determinados tramos de la N-340 y N-240 y el desvío obligatorio a las autopistas de peaje AP-7 y AP-2”. En opinión de los transportistas, esta prohición representa una «serie de perjuicios» como el «pago obligado de peajes, bonificados insuficientemente», lo que supone un sobrecoste de entre 300 y 600 euros mensuales. «En este sentido reivindicamos la gratuidad de los tramos de autopista obligatorios», sostiene FEAT.

La federación considera que los criterios de acceso a la autopista obligan, en ocasiones, «a recorridos adicionales de más de 20 kilómetros por trayecto, que afecta de manera especial al transporte local». Además, muestran su rechazo por «la criminalización de los transportistas que lleva aparejada la adopción de este tipo de medidas».

 

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