El transporte critica la inacción del Gobierno en el conflicto de la carga y descarga

por El Vigía

CETM y Fenadismer han emitido sendos comunicados este martes para insistir al Gobierno en la necesidad de prohibir que las labores de carga y descarga de los camiones las asuman los transportistas. Ambas organizaciones reaccionaban a las declaraciones efectuadas horas antes por la secretaria general de Transportes, María José Rallo, que ha descartado una acción directa por parte del Ejecutivo, asegurando que “la posibilidad de una prohibición general en relación a la carga y descarga no es una solución factible”.

Desde CETM reconocen que una prohibición general puede no resultar factible, ya que hay segmentos, como en cisternas, portavehículos, mudanzas o paquetería, en los que entienden que estas tareas son responsabilidad de los transportistas, pero reclaman “que se prohíba de manera inmediata para el resto de los casos”.

“En nuestra opinión, lo que no es factible, es aceptar que la cadena de suministro, responsable de facilitarnos todo lo que necesitamos durante esta crisis, corre riesgo de romperse por el abuso que los cargadores ejercen sobre los transportistas, obligándoles a cargar y descargar los camiones y a asumir el riesgo tanto de tener un accidente como de contagiarse”, sostiene la patronal.

Por su parte, desde Fenadismer aseguran al ministerio de Transportes que “tiene capacidad legal para establecer tal prohibición, más aún teniendo en cuenta que lo que está en cuestión es la propia salud y la vida de los profesionales de la carretera, que tan esencial actividad están desarrollando estos días”.

En este sentido, señalan que esta prohibición ya estuvo recogida en la legislación española durante más de una década, en la ley de Ordenación de los transportes Terrestres desde 2003 hasta 2013, “tanto en su previsión legal estableciendo tal prohibición, como en el tipo infractor muy grave que se previó en caso de incumplimiento”.

“Por ello, Fenadismer apela una vez más al ministerio de Transportes para que atienda esta legítima y más que nunca necesaria reivindicación y proceda a su inmediata aprobación mediante decreto ley, lo que además de suponer ningún coste para las arcas públicas contribuiría a reducir el número de posibles contagiados en el sector del transporte por carretera”, concluye la federación.

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