Los países del Este lanzan la penúltima ofensiva contra el paquete de carretera

por El Vigía

Los ministros de Transporte de Bulgaria, Rumania, Polonia, Hungría, Letonia y Lituania han enviado una carta conjunta a los presidentes de la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo para tratar de modificar el contenido del paquete de movilidad. Estos países insisten en su rechazo a la obligación de que los camiones deban regresar a su país de origen cada cuatro semanas, a las nuevas restricciones al cabotaje y a la clasificación de las operaciones de transporte en materia de desplazamiento de trabajadores.

El Mobility Package (Paquete Legislativo de Movilidad) supone una reforma importante de las normas que regulan el transporte por carretera entre los países de la Unión. Así, el desplazamiento de trabajadores (salario mínimo), el acceso al mercado y los tiempos de conducción y descanso sufrirán cambios importantes. De hecho, estas cuestiones vienen siendo objeto de un duro enfrentamiento entre los países del Este y los centroeuropeos, ya desde el inicio de su tramitación por la todavía comisaria de Transporte, Violeta Bulc. En las próximas semanas comenzará a negociarse en el seno del trílogo comunitario, con vistas a su aprobación definitiva previsiblemente antes de que acabe el año.

REALISTAS Y NO DISCRIMINATORIAS

Los firmantes de la carta consideran que “las medidas deberían ser realistas, proporcionadas y no discriminatorias”, y deberían “preservar la competitividad del transporte por carretera, no poniendo en peor posición a nuestras empresas que las de terceros países”. Asimismo, entienden que el paquete legislativo atenta contra el objetivo de combatir el cambio climático “en especial la que obliga al transportista a retornar periódicamente al país de establecimiento, así como las nuevas restricciones al cabotaje, que incrementarán las operaciones en vacío, generando 100.000 toneladas de CO2 más cada año”.

También cuestionan que la clasificación establecida para las operaciones de transporte en función de la aplicación o no de la regulación sobre trabajadores desplazados, “algo que va en contra de las libertades básicas y que tendrá un impacto negativo en el mercado único”.

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