Los expertos pronostican que la UE obligará a los operadores a notificar su huella de carbono

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La vieja aspiración del expresidente francés, Nicolas Sarkozy, de obligar a los operadores logísticos a informar a sus clientes de su huella de carbono ya es una realidad. De este modo, el Ejecutivo galo ha dado un paso al frente a nivel europeo y desde el pasado 1 de octubre obliga a todas las compañías a notificar sobre sus emisiones de dióxido de carbono. 

Si bien Sarkozy dejó aparcada la medida por impopular, a partir de ahora se aplica a través de la ley Grenelle II, implicando a más de 85.000 empresas de todos los tamaños y para todos los modos de transporte. “Francia se ha posicionado como uno de los países que más fuerte está apostando en materia de sostenibilidad a lo largo de la cadena de suministro”, afirma Antonio Monsalve, de la Oficina de Huella de Carbono del Instituto Tecnológico del Embalaje, el Transporte y la Logística (Itene). En el mismo sentido, Alejandro López-Cortijo, Socio Fundador de IIMA Consultora, remarca el peso de Francia dentro de la Unión y desgrana que “a pesar de lo curioso que pueda resultar que un país de los menos concienciados ecológicamente como Francia haya tomado las riendas legislando y obligando a los operadores, por el liderazgo del país galo dentro de la Unión, esta medida podría ser el precedente de una directiva”, apunta.

Reino Unido también ha alzado la bandera a favor de la lucha contra el cambio climático. Este mes de octubre ha aumentado la presión para que las empresas que coticen en bolsa reporten sus emisiones de dióxido de carbono. En Alemania también se han adoptado medidas encaminadas hacia la misma dirección. “Las empresas deben darse cuenta de que no tiene sentido dar cabezazos contra la pared, pues la tendencia en la Comisión Europea parece ir en línea con las medidas francesas”, afirma Adolfo Carballo, investigador de la Universidade de Santiago de Compostela.

Por el momento, el objetivo de la UE para 2020 es “llevar a Europa hacia el camino del futuro sostenible, con una economía que genere pocas emisiones de carbono y consuma menos energía”, explica Monsalve. En el presente, las medidas aplicables a todos los países de la UE son la “reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%, ahorrar el 20% el consumo de energía mediante una mayor eficiencia energética y promover las energías renovables hasta el 20%”, añade. 

A pesar de esta declaración de intenciones de la Comisión Europea, según los expertos consultados, España todavía está muy lejos de alcanzar los objetivos de sus países vecinos. “En nuestro país nadie ha propuesto ni ha anunciado una política semejante. Además, si se hiciera, se encontraría con un rechazo absoluto”, matiza López-Cortijo. Por ello, Cristina Raventós, de la Consultora Carbon Clear, no cree que “haya planes a corto plazo de extender esta legislación a otros países de la Unión Europea”, a pesar de que en países como el Reino Unido se haya trabajado también en la misma dirección, explica. Otros expertos no lo ven tan claro. “Las autoridades europeas tarde o temprano acabarán implantando medidas similares a la francesa en todos los países de la UE, incluida España”, detalla Monsalve. Para Elena Pellón, de la consultora Solid Forest, “en España ya se están desarrollando iniciativas desde diferentes ámbitos público-privados, aunque todavía voluntarias como los proyectos domésticos, planes de movilidad en empresas o incentivos para la compra de vehículos menos contaminantes. A nivel administrativo se promueven cambios modales. Existe una sensibilidad hacia un sector que es uno de los principales emisores del país”. 

No obstante, a pesar de la división de opiniones en el corto plazo, la mayoría de expertos coincide en destacar que la línea de futuro, “sin ninguna duda, es la extensión de esta normativa a otros países de la Unión, porque siguiendo esta política la UE quiere ser pionera a nivel mundial”, explica Darío Pérez de Creara, ingeniería especializada en el medio ambiente. De este modo y tras el fracaso-prórroga del protocolo de Kyoto, por detrás de la estela de Francia y del Reino Unido se situaría toda la Unión, adoptando un posicionamiento político claro a nivel mundial. Por ello, Carballo sugiere a las compañías que realicen su adaptación a este sistema lo mejor y más rápido posible, para sacar el mayor provecho a este nuevo rumbo. 

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