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Los armadores españoles invertirán 1.725 millones en 18 nuevos buques

El Vigía

22 junio, 2017

Anave insiste en denunciar la pérdida de competitividad del Registro Especial de Canarias

El presidente de la Asociación de Navieros Españoles (Anave), Alejandro Aznar, ha destacado este jueves, en la asamblea general de la organización, las “positivas perspectivas de crecimiento de la flota mercante de los armadores españoles, gracias las importantes inversiones que se han llevado a cabo en el último año”. Según sus datos,  los armadores españoles cuentan actualmente con un total de 18 encargos en firme de nuevos buques mercantes de transporte, con un total de más de 1.138.000 GT”, por lo que las perspectivas de crecimiento a corto plazo son muy positivas.

Estos nuevos encargos son buques de alta tecnología y, en general, de gran dimensión, con una media de más de 63.000 GT. Se trata de seis buques de pasaje, cuatro metaneros, cuatro petroleros de crudo, dos quimiqueros y dos graneleros, que han sido encargados por siete empresas armadoras diferentes y suponen una inversión total de unos 1.725 millones de euros. De ellos, siete buques, con un valor de 570 millones de euros, se construirán en astilleros españoles. La entrega de estos buques está prevista a lo largo de los próximos dos años y, sin contar otras probables incorporaciones en ese periodo, “significará un aumento del 27% en tonelaje, superando la cifra de 5,2 millones de GT, la más alta desde 1985”, ha destacado Alejandro Aznar.Alejandro Aznar 01

Desde Anave señalan, sin embargo, que “debido a la pérdida de competitividad del Registro Especial de Canarias (REC), los armadores españoles se ven obligados a optar preferentemente por otros registros de la Unión Europea”. Aznar ha hecho especial hincapié en que las razones que obligan a los armadores españoles a optar por banderas de otros países de la UE, “no son de índole fiscal, como algunos podrían pensar”. En su opinión, la aplicación práctica del REC ha quedado desfasada en materias como el enrole de marinos extranjeros, horas de trabajo y descanso, delegación y responsabilidad de las organizaciones reconocidas, entre otras.

Según ha explicado Aznar, “hay una complejidad administrativa y una clara inseguridad jurídica sobre el enrole de marinos extranjeros”. Asimismo, según el presidente, “la normativa aplicable a los buques españoles es diferente en varios aspectos a la que establecen los convenios internacionales y la práctica internacional”.

La asociación ha vuelto a reiterar al ministerio de Fomento un conjunto de propuestas para restablecer la competitividad que el REC ha perdido frente a otros registros europeos. Pero “no basta con modificar las leyes”, añadió el presidente de Anave, “habría que conseguir que la aplicación de esas normas fuese mucho más flexible, lo que no quiere decir menos estricta, sino más ágil, más rápida, menos burocrática”.

El presidente de ANAVE también ha explicado que, en los próximos dos años y medio, el sector naviero se enfrenta a la entrada en vigor del reglamento europeo sobre seguimiento de las emisiones de CO2 de los buques, que obliga a las empresas a implantar planes de recogida de información a más tardar el 31 agosto 2017; el convenio de gestión de aguas de lastre, que entrará en vigor el 8 de septiembre 2017;
el sistema de recogida de datos de consumos y emisiones de CO2 de la OMI, desde enero 2019; y la nueva reducción del contenido de azufre en los combustibles marinos, que se aplicará globalmente desde enero de 2020.

En su opinión, estas normas van a imponer, “un enorme trabajo, unas importantes inversiones y un aumento de los costes operativos de los buques para las empresas armadoras”. Aznar ha destacado que, a pesar de esta presión regulatoria, en la medida en que todas estas nuevas normas medioambientales se regulen exclusivamente desde la Organización Marítima Internacional (OMI) con normas de aplicación global, y no de ámbito nacional o de la Unión Europea, “no producirán distorsiones de la competencia entre los distintos países y sí se traducirán en una mejora adicional del comportamiento medioambiental del transporte marítimo”.