Las zonas francas reclaman recursos a Hacienda para crear un fondo de economía 4.0

por El Vigía

Las zonas francas de España han solicitado al ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que les ceda los recursos que recauda de las empresas ubicadas en sus recintos aduaneros en concepto de impuesto sobre sociedades con el fin de que las zonas francas puedan dedicar estos recursos a un fondo de actualización para afrontar los cambios de la economía 4.0.

La petición se planteó en una reunión que recientemente tuvo lugar en Barcelona entre el subsecretario de Hacienda y Función Pública del ministerio, Felipe Martínez Rico, y los siete delegados especiales del Estado en las zonas francas de España: Jordi Cornet, delegado de Barcelona; Alfonso Pozuelo, de Cádiz; Teresa Pedrosa, de Vigo; Gustavo González, de Tenerife; Carlos Ester, de Gran Canaria; Fernando Cámara, de Santander; y Javier Landa, de Sevilla. 

Desde las zonas francas recuerdan que según el real decreto 1/1999, este recurso financiero de los consorcios de las zonas francas queda constituido por las medidas fiscales administrativas, de orden social y la recaudación del impuesto de sociedades derivado de la liquidación anual y los pagos fraccionados del impuesto correspondientes a compañías establecidas en las zonas francas, con exclusión de las retenciones e ingresos a cuenta que estas hayan efectuado.

Durante la reunión se abordó también las estrategias para mejorar y actualizar los recintos aduaneros, clarificar la reglamentación aplicable en las zonas francas, el encaje de los consorcios de las zonas francas dentro del sector público, las inversiones internacionales que pueden efectuar este tipo de organismos, la necesidad de crear un fondo para inversiones vinculadas a la nueva economía 4.0 y también se planteó la conveniencia de crear una asociación de zonas francas de la Unión Europea.

En este sentido, desde las zonas francas se puso de manifiesto «la necesidad de visualizar el ámbito español de las zonas francas y su aportación para acometer actuaciones de interés común en el ámbito económico».

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