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Las infraestructuras necesitan ‘seny’

Miguel Barrachina

31 octubre, 2017

Artículo de Miguel Barrachina, portavoz del PP en la comisión de Fomento del Congreso

El daño hecho ya por el separatismo catalán a su economía, a la de toda España y al sector específico de las infraestructuras y el transporte es irreparable, pero se puede frenar una sangría económica que amenaza con mucho más. Después de 37 años, tras el primer referéndum fallido quebequés, ni las empresas han retornado ni la creación de riqueza –desde entonces, un 30% inferior a las de las restantes regiones– se ha recuperado. Y eso que en Canadá el referéndum se contemplaba en su Constitución y fue pactado. Aquí, los esperpénticos días vividos y la visceralidad aflorada se suman al daño que a la economía genera cualquier fractura o frontera adicional. El nacionalismo y sus barreras generan pobreza, pero esta se acentúa cuando se asientan sobre la ilegalidad y la inseguridad jurídica.
Desde que se aceleró el proceso de radicalización en 2012, 1.400 empresas habían salido de Catalunya. La mayor presión fiscal, imposiciones lingüísticas en etiquetado y rotulación, bien pueden estar en el origen, Sin embargo, ahora en cuatro semanas se han marchado más de 1.600, las de mayor envergadura.

Por citar algunas de nuestro sector, la gran concesionaria Abertis, de combustibles Ballenoil, Cementos Molins, la distribuidora Indukern o la inmobiliaria Colonial, ya están en Madrid, como la de mensajería MRW se ha ido a mi Comunidad Valenciana. A la descapitalización repentina de la región se suman efectos palpables sobre un sector que es especialmente sensible a la inseguridad. El Aeropuerto de Barcelona-El Prat, que era el de mayor aumento de pasajeros en la Unión Europea, en 2016 creció un 11,2%, hasta los 44 millones de desplazados, y este año crecía al 10%, pero tras el referéndum ilegal lo hace al 0,1%. Íntegramente gestionado por el Estado, El Prat recibió en 2016 el Premio Skytrax al Mejor Aeropuerto del Sur de Europa, merced a una inversión del Gobierno de España de 517 millones de euros en los últimos ocho años. El primer destino del Aeropuerto de Barcelona es Madrid, y parece evidente que en el caso de una improbable independencia caería el número de vuelos, por el descenso del turismo y de los viajes de negocios.

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Los puertos catalanes forman parte de Puertos del Estado, y tal y como avance la liberalización de la estiba, que se implanta totalmente en tres años, se prevén importantes crecimientos. Pero es cierto que las cancelaciones de cruceros, por las algaradas y el deterioro de la imagen de Barcelona, o la advertencia de empresas como Seat de abandonar Catalunya en caso de independencia afectarán a los puertos. Obviamente, el transporte por carretera y las empresas concesionarias se pueden ver afectadas. Cabe recordar que fue por la crisis económica y una caída, superior al 50%, de usuarios en alguna de las autopistas radiales lo que provocó su quiebra, junto al coste de las expropiaciones.

Dado que los peajes en Catalunya, que dependen de la Generalitat, llegan a ser un 75% más elevados que en el resto de España, es posible que haya un retraimiento de los usuarios con la inevitable caída de rentas.
Afecciones que, naturalmente, se extenderán al sector ferroviario en función de lo que se alargue y extreme el desacato a las normas por el separatismo. Afortunadamente, Catalunya parte con una gran dotación de infraestructuras para afrontar esta preocupante situación. En Catalunya, entre 1997 y 2015 la Generalitat invirtió casi 11.000 millones y el ministerio de Fomento, cerca de 28.000 millones de euros, más que en ninguna otra autonomía española. El Ejecutivo nacional multiplicó por dos y medio la propia inversión regional.
Y, afortunadamente, esta apuesta por Catalunya del Gobierno de España se va a acentuar en la presente legislatura, pues sus ciudadanos no son culpables de los despropósitos del Govern. Así, está previsto invertir 4.200 millones de euros en infraestructuras durante el cuatrienio 2017-2020. Lo cual ha tenido reflejo en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, donde el Grupo Fomento está invirtiendo 1.091 millones en las cuatro provincias, lo que representa un incremento del 63% respecto al presupuesto ejecutado de 2016.

Por tanto, la inversión en Catalunya está un 191% por encima de la media nacional por comunidades autónomas, situándose en el primer puesto del ranking de inversión regional. Esta situación se refleja en las distintas áreas: en carreteras, la inversión durante el ejercicio 2017 será un 22% superior a la prevista en el presupuesto prorrogado de 2016. En ferrocarriles se están invirtiendo 609 millones de euros, lo que supone un aumento del 74,8% respecto al presupuesto ejecutado de 2016. En los puertos de Catalunya, el monto ascenderá a 211 millones, un 30% más, y en los aeropuertos y sistemas de navegación aérea catalanes, Fomento dedicará 53 millones de euros, un 162% por encima de lo ejecutado en 2016. Y, específicamente, en El Prat la inversión prevista de 2017 a 2021 es de 475 millones de euros, incluyendo la conexión ferroviaria.

Si algo ha quedado en evidencia durante este descabellado proceso rupturista es que el mantra “Madrid nos roba” siempre fue falso, pues carece de sentido que las empresas mejor informadas de Catalunya se marchen al resto de España para seguir siendo “atracadas” por los malvados españoles. Asimismo, también es incierta la discriminación en las inversiones pues, por ejemplo, este año el esfuerzo presupuestario en Catalunya está muy por encima de la media nacional por autonomía. El Gobierno de España tiene la obligación constitucional de restablecer la legalidad en Catalunya y la determinación vocacional de mantener su firme apuesta por una tierra, que por su posición fronteriza con Francia, su amplia costa mediterránea, su carácter emprendedor y tantas otras virtudes, debiera estar permanentemente llamada a liderar nuestro crecimiento nacional.

Como castellonense y vecino de esa admirable tierra, ni puedo imaginarme las fronteras que nunca han existido con Tarragona, ni dejar de comunicarme por carretera o por tren, por el mismo trazado por el que hace más de dos mil años se construyera la Vía Augusta, calzada romana de una Hispania que ya dejó atrás los atávicos problemas tribales.