La ZAL de València oferta 240.000 metros cuadrados de suelo logístico

por El Vigía

València Plataforma Intermodal y Logística ha publicado el pliego de condiciones que regirá la adjudicación y constitución de un derecho de superficie sobre las parcelas edificables de la Zona de Actividades Logísticas del puerto de València. Estos pliegos suponen sacar a concurso un total de 239.000 metros cuadrados para actividades logísticas, en concreto, las parcelas A1, B1, A2, B2, F2, G2 y A3. El plazo de presentación de las ofertas será de 60 días naturales. El objetivo de los pliegos es la puesta a disposición de la comunidad portuaria y operadores de primer nivel de las parcelas logísticas de la ZAL, cuya actividad esté vinculada al tráfico marítimo.

Con ello, se pretende que el enclave «fidelice y atraiga nuevas inversiones, generando empleo y mejorando la competitividad del tejido empresarial español», según explica la entidad. Los pliegos establecen que los operadores podrán optar a una o más manzanas, en régimen de derecho de superficie. Los operadores que no opten a manzanas completas podrán compartir espacio con otros presentando una oferta conjunta. La manzana A3 se reserva en exclusiva para un proyecto de nave modular multi-inquilino, que dará cabida a diversos operadores con necesidad de espacios menores.

ENTRE 15 Y 35 AÑOS PRORROGABLES

Asimismo, los pliegos establecen que el plazo del derecho de superficie oscilará entre un mínimo de 15 años y un máximo de 35. Igualmente, se establece la posibilidad de prórroga de mutuo acuerdo. Las prórrogas se concederán por un mínimo de cinco años y sin que nunca se supere con ellas, de forma individual o acumulada, un plazo igual al inicialmente ofertado. Para la adjudicación de las parcelas se han establecido criterios de valoración técnica y económica.

Entre los criterios técnicos se encuentran la naturaleza de los clientes finalistas y la vinculación del proyecto con el tráfico marítimo, además del proyecto técnico y de inversión específico a desarrollar en la ZAL, así como medidas de impacto socioeconómico y medioambiental.

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