Bruselas estrecha el cerco a las empresas buzón

por Xavier Gual

Tras años de discusiones y debates de alto voltaje, la Unión Europea está a punto de culminar la reforma del transporte por carretera más ambiciosa, al menos, de los últimos veinte años. La posición consensuada por el Parlamento Europeo al tercer intento (los dos anteriores se saldaron con estridentes fracasos) en el pleno del pasado 4 de abril allana el tramo final de las negociaciones del trílogo (Comisión Europea, Consejo de la UE y Parlamento). La reforma trata de poner orden en un panorama marcado por la fragmentación del mercado europeo del transporte por carretera como consecuencia de las iniciativas reguladoras de los Estados miembros que, en no pocos casos, actuando de forma unilateral, han entrado en contradicción con la propia normativa europea.

Entre los encontronazos más sonados con el Ejecutivo de Bruselas, cabe recordar la denominada ley Macron, impulsada por el hoy presidente de la República Francesa, que impuso severas condiciones a los transportistas extranjeros que operan en el país vecino, como la obligatoriedad de ser remunerados según el salario mínimo francés, norma que se extendió más tarde a otros países centroeuropeos…

 

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