La mortalidad en el transporte por carretera se dispara por la pandemia

por El Vigía

Entre el 15 de marzo y el 6 de mayo, el número de fallecidos en camiones de más de 3.500 kilos se ha multiplicado por 2,4 respecto a la media de los últimos cinco años. La crisis del coronavirus ha causado, además de un “preocupante” incremento de los accidentes de tráfico, una “alarmante sensación de abandono por parte de los poderes públicos”. Son las conclusiones de un estudio de la Universitat de València, la Fundación para la Seguridad Vial y la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte, sobre el impacto de la pandemia en el transporte de mercancías por carretera.

El objetivo era investigar los problemas, riesgos y causas de los accidentes de tráfico de los profesionales de la carretera en este tiempo, y se ha llevado a cabo con la participación de 1.013 conductores de toda España, con una edad promedio de 49 años y una antigüedad media en su empleo de 17 años. La encuesta se ha realizado entre el 21 de abril y el 13 de mayo, y se ha completado con una encuesta específica, a la que se ha añadido el DBQ-Driver Behavior Questionnaire.

Del informe se desprende que un 80% ha sentido que las autoridades no les han prestado la ayuda que era de esperar, y la mitad considera que las normas sobre cómo realizar el transporte de mercancías no han sido claras. Para el 71%, no se les ha dado la información y medios de protección adecuados para evitar contagios, mientras que el 54% denuncia que se ha visto obligado a hacer la carga y descarga sin ayuda alguna. Otro 84% no ha tenido donde poder comer, dormir o descansar durante sus desplazamientos. Casi el 40% ha percibido un mayor riesgo de sufrir un accidente de tráfico y el 41% ha sentido más fatiga y cansancio en ruta que antes.

Para el presidente de Fenadismer, Julio Villaescusa, “los conductores de transporte profesional han hecho un esfuerzo colosal en esta situación de pandemia, corriendo graves riesgos para garantizar el abastecimiento de productos indispensables. Es imprescindible, por ello, que los poderes públicos reconozcan esta labor y establezcan las regulaciones necesarias que permitan desarrollar su actividad con la mayor seguridad posible”.

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