La energía eólica aportó 10.484 millones al PIB en los últimos cuatro años

por El Vigía

El sector eólico aportó un total de 10.484 millones de euros entre los años 2012-2015, lo que representa una caída en la contribución al PIB de 2.425 millones de euros respecto al cuatrienio anterior, según el informe ‘La eólica en la economía española 2012-2015’ elaborado por la consultora Deloitte. A pesar de este impacto, el sector eólico ahorró 15.709 millones de euros al sistema eléctrico en dicho periodo.
El vicepresidente de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), José López Taffal, aseguró en la presentación de dicho informe que “el sector ha pasado y sigue pasando unos años muy malos, ya que no hay ejemplo de un sector cuyo nivel de producción se haya reducido a cero”. En este sentido, Taffal hizo hincapié en la “parálisis del mercado doméstico” y en la paralización de la instalación de potencia eólica, que ha ido en descenso desde los 370 MW en 2013, 18 en 2014 y ninguno en 2015.
En cambio, las exportaciones del sector han salido fortalecidas y han superado los 11.000 millones de euros en los últimos cuatro años. De esta forma, el informe subraya que las exportaciones y una estructura competitiva de costes han permitido a los fabricantes paliar los efectos de la inexistente demanda interna. “Esta situación en España no es sostenible a largo plazo y urge tomar medidas”, recalca el estudio.

El vicepresidente de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), José López Tafall, junto a Enrique Doheijo, de Deloitte.

El vicepresidente de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), José López Tafall, junto a Enrique Doheijo, de Deloitte.


En los últimos cuatro años, la actividad del sector eólico se ha centrado principalmente en la operación y mantenimiento de las instalaciones existentes, la exportación de equipos y servicios y el desarrollo de negocio en el extranjero. El vicepresidente de la AEE ha pedido cambiar varios aspectos de la reforma energética emprendida en 2013, «con claros errores de diseño», y eliminar los elementos que generan desconfianza, como que la rentabilidad razonable de los proyectos pueda modificarse. De esta forma, demanda la existencia de un mercado regulatorio favorable, estable y predecible a largo plazo, que dé seguridad jurídica a las inversiones.

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