La dispersión de normas estatales ralentiza el transporte internacional

por El Vigía

Las quejas de las principales asociaciones del transporte internacional por carretera por la dispersión de normativas estatales para frenar el coronavirus han movido a la eurodiputada de EAJ-PNV, Izaskun Bilbao Barandica, a pedir a la Comisión Europea que obligue a los Estados a unificar medidas. Concretamente, Bilbao se refiere a las que se están tomando unilateralmente para adaptar los tiempos de conducción y descanso a las exigencias que plantea la crisis sanitaria. “Los cierres unilaterales de fronteras, la urgencia que requiere el suministro de mercancías básicas y productos sanitarios y otras circunstancias aconsejan adaptar esta norma, con cambios homogéneos en toda la Unión”, advierte Izaskun Bilbao.

La iniciativa, dirigida a la comisaria de Transportes, Adina Valean, responde a la preocupación mostrada por las empresas de transporte internacional. Y es que a consecuencia de la pandemia varios países han adoptado en las últimas semanas una serie de disposiciones unilaterales en torno al reglamento 561/2006 que regula los tiempos de conducción y descanso que deben observar los transportistas.

La eurodiputada miembro de la comisión de Transportes de la Eurocámara lamenta que las modificaciones no sean homogéneas, “lo que ha generado una dispersión normativa que origina grandes diferencias en el régimen aplicable a esta actividad en países limítrofes, haciendo muy difícil la operación del transporte internacional”. Por ejemplo, un camión que sale de Lisboa debe cumplir regímenes completamente diferentes en España, Francia, Alemania o Bélgica para llegar al centro de Europa. Una situación que genera un “enorme estrés administrativo a las empresas para planificar sus rutas, una notable inseguridad jurídica para todos los operadores y graves problemas de operación a los conductores”.

Por estas razones la eurodiputada vasca se interesa por las medidas que piensa adoptar la Comisión Europea para “reestablecer la unidad de criterio y aplicación”. Además, pregunta sobre las gestiones que se están realizando con los Estados miembros para resolver esta situación. Finalmente, plantea qué validez pueden tener las sanciones que se impongan “en un ámbito en el que la competencia para armonizar la normativa es, indudablemente, comunitaria”.

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