La decisión del Supremo sobre el céntimo sanitario multiplica la devolución a los transportistas

por El Vigía

La sala tercera del Tribunal Supremo ha estimado los ocho primeros recursos contencioso-administrativos de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por el impuesto del céntimo sanitario. Dos meses después de que el tribunal anunciara la creación de una sección específica para tramitar estos ocho recursos testigos, cuyas sentencias debían abrir el camino procesal de los miles de casos pendientes, la decisión del Supremo abre ahora la puerta para extender la cantidad pendiente de devolución a los transportistas y resolver el caos jurídico que ha implicado este impuesto. La decisión del Supremo representa un problema para las cuentas públicas en los próximos ejercicios, que tendrán que prever devoluciones a los transportistas muy superiores a las contempladas hasta ahora.
A la espera todavía de conocer el texto definitivo de las sentencias -que «se dará a conocer una vez terminada su redacción en los próximos días»-, desde Fenadismer consideran que el fallo «obligará al Estado a devolver no sólo lo recaudado los últimos cuatro años como pretendía inicialmente el Gobierno, sino desde que se aprobó dicho impuesto en 2002, lo que alcanzó una recaudación total superior a los 13.000 millones de euros».
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Desde esta federación explican que «la Agencia Tributaria ha estado devolviendo durante estos dos años las reclamaciones planteadas por devolución de ingresos indebidos correspondientes a los últimos cuatro años de vigencia del impuesto, esto es, desde 2010 a 2012, año en que se derogó el impuesto; pero no en lo que respecta a las cantidades recaudadas correspondientes a los años 2002 a 2009, aduciendo el Gobierno que no existía responsabilidad patrimonial de la Administración, que es la vía establecida por la legislación para reclamar dichos períodos prescritos». La sentencia puede modificar, por tanto, los planes trazados desde el ministerio de Hacienda, que estimó inicialmente una devolución de 2.500 millones de euros, aunque posteriormente consideró que lo cubriría con 2.000 millones.
«Afortunadamente -consideran los transportistas- el Tribunal Supremo, con el pronunciamiento da la razón a las miles de reclamaciones presentadas por dicha vía, lo que va a obligar al Estado a devolver todo lo recaudado desde 2012. Para Fenadismer, esta sentencia supone un ”triunfo del Estado de Derecho”. «Un claro ejemplo -aseguran- de que tanto los ciudadanos como los poderes públicos estamos sometidos al mismo ordenamiento jurídico en todas nuestras actuaciones».

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