La CNMC eleva el pacto de la estiba al Tribunal de Justicia de la UE

por El Vigía

Vuelve la incertidumbre al sector de la estiba. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado este miércoles que ha planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el acuerdo marco de la estiba, alcanzado el 6 de julio de 2017 entre la patronal Anesco y los sindicatos Coordinadora, UGT, CCOO, la Confederación Intersindical Galega (CIG), Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB) y Eusko Langileen Alkartasuna (ELA).

La CNMC anunció en noviembre de 2017 la incoación de este expediente, estableciendo un plazo máximo de 18 meses para la instrucción y resolución del caso. Sin embargo, desde Competencia señalan ahora que esta consulta a Luxemburgo suspende el procedimiento sancionador.

El organismo regulador ya advertía entonces de posibles prácticas anticompetitivas por el acuerdo alcanzado en el seno de la estiba, al observar que establecía «la restricción de la libertad de contratación de trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías y en la limitación de la libertad de las empresas prestadoras de dicho servicio de participar o no en sociedades cuyo objeto social sea la puesta a disposición de los citados trabajadores».

La CNMC plantea ahora, además, dudas sobre la reforma de la estiba aprobada por el Gobierno el pasado mes de marzo, al considerar que «podría tener un efecto retroactivo, dado que otorga de nuevo a los agentes sociales la posibilidad de establecer mediante acuerdos una subrogación obligatoria de las empresas estibadoras en el personal de la Sagep».

La patronal Anesco ha reaccionado a esta decisión de Competencia con un comunicado en el que «lamenta esta nueva dilación en el procedimiento, ya que, de nuevo, se genera una incertidumbre que perjudica la competitividad del sector, así como la seguridad jurídica de inversores, tráficos y trabajadores».

La asociación sostiene que la cláusula de subrogación de los trabajadores que se incorporó al acuerdo «es materia típicamente laboral, como reiteradamente ha venido manifestando la jurisprudencia, por lo que no está sujeta a la legislación de competencia europea y nacional, como ha reconocido el propio TJUE». En este sentido, Anesco asegura que «el único objeto perseguido al suscribir la cláusula de subrogación fue garantizar el empleo a los trabajadores que formaban parte del sector de la estiba antes de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 8/2017, en aras de preservar la estabilidad laboral en los puertos».

La patronal considera, además, que el real decreto aprobado este 2019 «confirmó y aclaró la cobertura legal, así como la naturaleza típicamente laboral, de la cláusula de subrogación convencional en el sector de la estiba. El contenido y alcance del supuesto contemplado en esta ley es idéntico a la cláusula de subrogación pactada».

Según la asociación, «la cuestión prejudicial planteada ante el TJUE es de dudosa admisibilidad, puesto que la CNMC es un órgano administrativo y no jurisdiccional», por lo que «confía en que este expediente se resuelva satisfactoriamente, para que el sector continúe por la senda del crecimiento, la estabilidad, la competitividad y la eficiencia».

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