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La Cambra de Contractistes de Catalunya reclama planificar las infraestructuras con un horizonte de 15 años

El Vigía

21 febrero, 2018

La licitación del Estado en Catalunya cae un 23% en 2017

La Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC) ha presentado este miércoles una batería de propuestas para reformular el mercado de la obra pública, con el objetivo de recuperar la inversión pública en infraestructuras. Según los datos ofrecidos por su presidente, Joaquim Llansó, la licitación de obra pública en Catalunya ha cerrado 2017 con la cifra de 1.690 millones de euros, casi un 50% más, aunque ha lamentado que esta inversión “queda muy lejos de los 3.750 millones de media de los últimos 20 años”.

Este incremento se corresponde con el espectacular aumento en la inversión de las administraciones locales, que han doblado su licitación en 2017. Según la Cambra, este comportamiento está ligado con las elecciones municipales que se celebrarán el junio de 2019, que destaca que estas administraciones representan ya el 62% de la obra pública. También la Generalitat de Catalunya ha incrementado las licitaciones en 128,5 millones y concentra el 25% del total. Sin embargo, la licitación procedente del Estado se ha reducido un 23%, como lamenta la CCOC. “Este resultado no sólo es muy inferior a la media de los últimos diez años, sino a las expectativas que en su día originó el anuncio hecho por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en marzo de 2017, cuando anunció una inversión de 4.200 millones de euros en infraestructuras en Catalunya hasta 2020”, explica la Cambra.

En su análisis, Llansó ha lamentado el comportamiento de las administraciones ante la obra pública y, en concreto, que el incremento de la licitación previsto por la administración local también para este año responda a la celebración de las elecciones del 2019, “una situación de carácter coyuntural que invita a pensar que una vez transcurrido el efecto elecciones la licitación bajará”.

Para resolver esta situación, desde la Cambra han reclamado a las administraciones que planifiquen las infraestructuras necesarias con un horizonte de 10 a 15 años, en base a “criterios técnicos” y “con independencia de los ciclos electorales”. En este sentido, solicitan que se prioricen “las infraestructuras en función de la demanda, mediante un análisis coste-beneficio, que tenga en cuenta su retorno económico, social y ambiental”.

La propuesta de la CCOC a las administraciones es que la licitación de obra publica se establezca de forma regular, estable y sostenida en el tiempo, indexada en relación a un 2,2 del PIB, lo que supondría aproximadamente 5.000 millones de euros año. “Una valoración conservadora si tenemos en cuenta que la inversión pública media de los 28 estados miembros de la UE en el periodo 2002-2015 fue del 3,2% del PIB”, como explican desde la Cambra.

Entre las medidas propuestas, la Cambra reclama “simplificar y homogeneizar los procedimientos de contratación del sector público, a través de la unificación de criterios entre las diferentes administraciones”. Solicita, en este sentido, que se establezcan “los mecanismos que permitan determinar efectivamente la propuesta más ventajosa, en relación calidad-precio, evitando así las ofertas por debajo de su coste”.

Por otra parte, la entidad insiste en adoptar el criterio de pago por uso en las infraestructuras en las vías de alta capacidad; avanzar en los mecanismos de colaboración público-privada; así como promover la conservación y mantenimiento de infraestructuras.