Feteia alerta de la destrucción de 25.000 empleos con el anteproyecto de ley contra el fraude fiscal

por Elena de Jesús

Feteia cifra en más de 25.000 el número de puestos de trabajo en empresas transitarias y de representación aduanera que podrían destruirse si se aprueba el anteproyecto de ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, presentado el pasado mes de octubre por el Gobierno. Así lo ha anunciado este miércoles el presidente de la federación de transitarios, Enric Ticó, tras la reunión mantenida entre el comité ejecutivo de Feteia-Oltra y el patronato de la Fundación Feteia, donde ha señalado que su principal efecto se producirá sobre las pymes –que representan el 80% del sector– , pues no podrán soportar esta burocracia y presión económica. «Las grandes corporaciones podrán hacer frente a estas medidas, pero las pequeñas y medianas, en cambio, van a sufrir en sus propias carnes esta normativa», ha lamentado Ticó.

El máximo responsable de la federación española de transitarios considera que esta ley es «un abuso absolutamente desproporcionado» y lamenta que se ha llevado a cabo sin ningún tipo de consulta previa con las organizaciones que trabajan en el ámbito del comercio internacional y la representación aduanera. «Este proyecto responde más a criterios recaudatorios que de combatir el fraude. No solo no conseguirá los objetivos que busca, sino que conseguirá efectos absolutamente contrarios», ha afirmado Ticó. Por ello, Feteia, el Colegio de Agentes de Aduanas y la Asociación Española de Couriers Internacionales (AECI) han decidido hacer frente común para defender los intereses del comercio internacional.

Para los transitarios, este exceso de burocracia se traducirá también en nuevos costes, lo que implicará que un número muy significativo de mercancías que actualmente operan en puertos y aeropuertos españoles dejarán de hacerlo y se dirigirán hacia otros enclaves europeos. «Por tanto, significará una pérdida masiva de competitividad para los puertos y aeropuertos españoles», asegura Ticó.

MEDIDAS «DESMESURADAS»

Según lo establecido en el anteproyecto, los transitarios, en su calidad de representantes aduaneros, se convertirán en responsables, junto con los importadores y sujetos pasivos, del impuesto de las liquidaciones complementarias que puedan emitir las Aduanas en la fase de inspección posterior al despacho y nacionalización de las mercancías durante los tres años siguientes al despacho de las mercancías importadas. En este sentido, desde Feteia señalan que el alcance de la medida generará un riesgo empresarial y coste económico enorme, además del agravio comparativo con el nivel de responsabilidad exigido a otros profesionales.

Por otra parte, el anteproyecto incrementa en un 500% las sanciones. Así, no presentar en plazo declaraciones y documentos relacionados con las formalidades aduaneras o presentados de forma incompleta, inexacta o con datos falsos, cuando no determinen el nacimiento de una deuda aduanera, supondrá una sanción mínima de 600 euros frente a los 100 euros actuales.

Asimismo, los transitarios recuerdan que este anteproyecto atenta contra las normas europeas y contraviene lo establecido en el CAU al regular en el derecho interno español el pago de la deuda aduanera de las importaciones, facultad reservada única y exclusivamente al Parlamento y Comisión de la Unión Europea. «Legislan sobre el CAU cuando no pueden hacerlo», señala Ticó, que indica que «nos reservamos la posibilidad de actuar a nivel europeo para que esta ley sea revisada y para defender la aplicación homogénea de la normativa europea».

 

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