El Supremo anula la reserva de suelo para el polígono logístico Las Aletas

por El Vigía

El Tribunal Supremo ha anulado el acuerdo del Consejo de Ministros, de 13 de febrero de 2015, por el que se declara una reserva de suelo en Las Aletas, el término gaditano de Puerto Real, para construir un área logística por un periodo de 75 años. La sentencia estima el recurso interpuesto por WWF ADENA en el que alegaba que la reserva «pone en peligro la integridad del dominio público marítimo terrestre y es contraria a derecho».
El Supremo afirma que «no pone en duda que el objetivo perseguido de estimular el relanzamiento económico del área de la Bahía de Cádiz sea un fin legítimo y merecedor de respaldo, como tampoco cuestiona que las actuaciones enunciadas en el acuerdo anulado sean adecuadas para tal fin». Sin embargo, precisa, que «para que la declaración de reserva sea ajustada a derecho debe quedar debidamente justificado que las actividades e instalaciones allí contempladas han de asentarse en terrenos de dominio público porque, por su naturaleza, no pueden tener otra ubicación».
En este sentido, indica que la norma es restrictiva: no basta con que resulte propicia o ventajosa la ubicación de las actividades e instalaciones en dicho ámbito, sino que «es imprescindible la justificación de que éstas, por su naturaleza, no pueden tener otra ubicación».
Las Aletas
La sentencia destaca que por los usos permitidos que hace el acuerdo  «parece claro que no se trata de actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación».
«No se trata por tanto de actividades o instalaciones que, dada su configuración y especiales características, deben estar ubicadas en el dominio público marítimo terrestre, esto es, actividades que por su naturaleza no pueden ubicarse en otro lugar, no por razones de interés o conveniencia, sino por su vinculación con el dominio público, vinculación que exige su ocupación en el desarrollo de la citada actividad», subraya la sentencia de la que ha sido ponente el magistrado César Tolosa.
La Sala valora también un informe del Tribunal de Cuentas de la UE en el que consta que el puerto de Cádiz ha perdido entre 2007 y 2015, un 53% de su tráfico y concluye que «partiendo de ese descenso de actividad no resulta proporcionado a tales tráficos los espacios logísticos proyectados y, en definitiva, la ocupación del demanio». Asimismo, resalta que dicha superficie es desproporcionada con las destinadas a los mismos fines en otros puertos nacionales e internacionales como el de Santa Cruz de Tenerife, Rótterdam o Hamburgo.

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