El Supremo absuelve a las constructoras del derrumbe del muelle Prat del puerto de Barcelona

por Alberto Guerrero

El Tribunal Supremo acaba de emitir una resolución que zanja definitivamente el conflicto abierto entre la Autoridad Portuaria de Barcelona y las empresas encargadas de la construcción del muelle Prat que se derrumbó en el 1 de enero de 2007.

La sentencia del 17 de enero del Supremo confirma lo acordado ya por la Audiencia de Barcelona en juicio de 2016, absolviendo a las constructoras de la responsabilidad que inicialmente le imputó el Juzgado de Primera Instancia, que obligó a estas empresas al pago de una de indemnización de 20,9 millones de euros.

Alfonso de Ochoa, director de la oficina de Barcelona del bufete Albors Galiano Portales, que ha defendido a dos de las constructoras, explica que «el asunto ha quedado muy bien resuelto en derecho, ya que la atribución de responsabilidades que pretendía la Autoridad Portuaria de Barcelona no era jurídicamente viable si la causa del colapso no se había podido determinar como imputable a las constructoras».

De Ochoa considera que la sentencia, contra la que no cabe recurso, «confirma la relevancia de la intervención de la autoridad portuaria en todas las fases de la construcción interviniendo muy intensamente, siendo responsable del proyecto, de la dirección facultativa y del control de calidad de los materiales empleados por lo que no puede ejercitar acciones como si no controlase de una manera directa el proceso de construcción».

La primera reclamación de la autoridad portuaria por el derrumbe del muelle se produjo en el año 2011. Desde el enclave se consideraba que el colapso era imputable a las constructoras y, por ello, les reclamó de forma solidaria la cantidad de 97,7 millones de euros más intereses y costas.

En el año 2014, el Juzgado de Primera Instancia número 24 de Barcelona admitía parcialmente la tesis del puerto de Barcelona y condenaba a Ferrovial, Construcciones y Estudios (Cyes), DravoFlota Proyectos Singulares, Sociedad Anónima Trabajos y Obras (Sato) y Construcciones J. Loren a la indemnización de 20,9 millones de euros.

Las seis constructoras no aceptaron esta sentencia y reclamaron a la Audiencia de Barcelona. También apeló la autoridad portuaria, que aspiraba a incrementar la indemnización. Sin embargo, en marzo de 2016, este tribunal dio un giro al proceso concediendo la razón a las empresas constructoras, al considerar que la sentencia del Juzgado de Primera Instancia «no estaba bien fundada y que no era posible atribuir responsabilidades cuando la causa del colapso no había quedado acreditada, máxime teniendo en cuenta que la autoridad portuaria había proyectado y dirigido la obra», tal y como explican desde Albors Galiano Portales.

La Autoridad Portuaria de Barcelona insistió posteriormente ante el Tribunal Supremo, que con esta sentencia desestima los recursos de infracción procesal y de casación presentada por el puerto de Barcelona, que tendrá que asumir los costes procesales del Juzgado de Primera Instancia, del Tribunal Supremo y del recurso de apelación presentado a la Audiencia de Barcelona.

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