El puerto de Alicante desestima los recursos contra la planta de almacenamiento de combustibles

por El Vigía

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Alicante ha desestimado los 14 recursos de reposición presentados contra el acuerdo de modificación sustancial de la concesión a la empresa TMS (Terminales Marítimas del Sureste), del pasado mes de julio, para la construcción de seis depósitos de almacenamiento de combustibles.

Desde la autoridad portuaria consideran que “los recursos presentados por algunas asociaciones vecinales y ecologistas (13 de ellos en idénticos términos), reflejan, en líneas generales, una reiteración de las alegaciones ya presentadas durante el periodo de exposición pública del proyecto”.

Los recursos de reposición cuestionaban la legalidad del procedimiento administrativo, la preocupación por la seguridad de los ciudadanos y la conservación del medioambiente. Sin embargo, el consejo de administración ha concluido este martes que en el trámite de la solicitud de modificación de la concesión “se siguió con rigurosidad las previsiones de la legislación aplicable”.

La autoridad portuaria sí reconoce que existen determinados aspectos técnicos mencionados en alguna de estas alegaciones  que “han de ser observados, en otra fase de desarrollo del proyecto, en su caso, que, sin embargo, el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, no exige al trámite de esta modificación de la concesión, en la que solamente se autoriza que la empresa concesionaria pueda ceder unos terrenos para que otra los explote con un proyecto determinado, cuya autorización no corresponde a la autoridad portuaria”.

En este sentido, señala que el puerto “no ostenta las competencias en materia de seguridad y medioambiente que afectan al proyecto”, por lo que consideran que será XC Business 90, la empresa encargada de la construcción y explotación del proyecto, la que deberá acreditar “los certificados y licencias necesarias, en materia urbanística, medioambientales y de seguridad, que exija la legislación que le sea aplicable”.

En el acuerdo alcanzado en julio por el consejo de administración ya se señaló que el proyecto contaba con el informe favorable de los servicios jurídicos del Estado, tras el análisis de 1.303 alegaciones que recibió el proyecto durante el periodo de exposición pública.

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