El plazo legal para reclamar por el cartel de camiones expira este viernes

por El Vigía

El plazo legal para reclamar por el daño causado por el cartel de camiones descubierto y sancionado por la Comisión Europea en 2016 acaba mañana viernes, 6 de abril, último día en el que se podrá realizar el primer trámite que paraliza la prescripción del perjuicio producido por los fabricantes de Daimler, Mercedes Benz, Iveco, Daf, Man y Volvo-Renault.

Pasada esta fecha, los transportistas que iniciaran reclamaciones corren «serio riesgo» de que el juez desestime la demanda, según el bufete Life Abogados. En cambio, está pendiente la resolución firme contra un sexto fabricante, el sueco Scania, que permitiría reclamar contra éste y que tendría otro calendario. Hay que recordar que Scania no reconoció en su momento los hechos, lo que supuso una investigación por parte de la Comisión Europea, que se saldó con una multa de 880 millones de euros, además de los casi 3.000 millones que Bruselas impuso a los otros cinco.

El cartel de los camiones es el pacto de fijación de precios de venta de camiones de seis o más toneladas entre 1997 y 2011, con sobreprecios que pudieron llegar hasta un 20% de media. A esta cantidad, hay que añadir un segundo concepto susceptible de reclamación: el sobreconsumo de combustible. Y es que el pacto incluyó el retraso de la introducción de las sucesivas tecnologías de emisiones (de la Euro III a la VI) así como la repercusión de los costes de su implementación.

Según Juan Sánchez Corzo, socio de Life Abogados, «al ser un caso cerrado, existe una garantía total de que los tribunales reconozcan e indemnicen a los transportistas y administraciones que reclamen judicialmente, por lo que aquellos que todavía no lo hayan hecho pueden apurar estos últimos días para hacerlo».

En este sentido, Acoreo, asociación por la defensa de los consumidores, recomienda a los compradores afectados varios pasos a seguir. En primer lugar, recopilar todos los documentos necesarios para proceder a la reclamación (permiso de circulación, ficha técnica del vehículo y factura de compra o último recibo de leasing como documento acreditativo del pago). Después, el envío de un burofax a la filial de la marca en España, para dejar constancia de que se ha reclamado el dinero. En tercer lugar, solicitar un informe pericial en el que se calcule el sobrecoste sufrido y, finalmente, la interposición de la demanda.

«La sanción que impuso la Comisión Europea demostró claramente que estábamos ante un nuevo engaño y que, por lo tanto, todos los que compraron vehículos industriales del cártel entre 1997 y 2011 están en el derecho de recibir indemnizaciones por el sobreprecio que pagaron injustamente», asegura Albert García Borrás, presidente de la asociación.

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