El Gobierno elude la indemnización en la primera autopista quebrada

por El Vigía

El ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no abonará cantidad alguna como responsable patrimonial en el caso de la primera autopista quebrada y rescatada por el Estado, la M-12 (Eje Aeropuerto Madrid-Barajas). Así lo ha comunicado a los administradores concursales, avalistas y acreedores este viernes, coincidiendo con la apertura del trámite de audiencia preceptivo para la liquidación de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA).

Se trata de la primera de las concesiones que inician este trámite, después de que el Consejo de Ministros aprobase en abril el rescate de las autopistas quebradas, la mayoría en el entorno de Madrid. Antes, en febrero de 2018, ya con el anterior Gobierno del PP, se autorizó el rescate de las concesiones. En esta fase del procedimiento, Transportes ha trasladado a las partes la documentación recopilada para el cálculo de la RPA. Una vez concluya el trámite (15 días), se analizarán las alegaciones y se dictará la primera resolución. Al cabo de un año, se comunicará la definitiva. En las próximas semanas se procederá a realizar el mismo trámite con el resto de concesiones rescatadas.

RESULTADO: CERO EUROS

El Mitma calcula la indemnización por este caso en 54,3 millones de euros, resultado de la suma de la RPA por obras (113 millones) y la RPA por expropiaciones (36,9 millones), menos el mantenimiento de las instalaciones (11 millones) y las expropiaciones abonadas por el Estado (84,6 millones). Además, se retienen provisionalmente los importes para hacer frente a la liquidación de expropiaciones aún pendientes, que ascienden a 194,7 millones.

En consecuencia, y dado que la retención provisional supera al de la RPA reconocida, el importe a abonar es de cero euros, y el importe de la primera resolución de la RPA para la M-12 es negativo en 140,3 millones de euros. Esto significa que los tenedores del derecho de cobro no percibirán ninguna cantidad, pues el importe pendiente de pago por expropiaciones supera con creces la RPA reconocida.

 

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