El fin de las concesiones abre el debate sobre la tarificación

por El Vigía

El vencimiento de las concesiones que hasta el año 2021 tendrá lugar  en España reducirá las autopistas de peaje en 1.097 kilómetros. Un nuevo escenario que colma las aspiraciones del sector del transporte, pero que las empresas concesionarias tratan de impedir. Así, mientras el ministerio de Fomento continúa analizando qué modelo aplicar para garantizar la conservación de estas carreteras, desde la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan) aumentan la presión para que el Gobierno adopte un sistema de tarificación de las infraestructuras para solucionar el déficit de inversión y mantenimiento.

El informe de la patronal, presentado el pasado 29 de octubre y elaborado por la consultora AT Kearney, propone la implantación de modelos de tarificación inteligente en los accesos de Madrid y Barcelona, que reducirían la congestión entre un 30% y 50% en horas punta, evitaría 150 horas al año de atascos por cada conductor, y reduciría las emisiones de CO2 hasta un 15%. Igualmente, reclama la implantación de un modelo de tarificación en la red viaria de gran capacidad, que variaría de uno a tres céntimos por kilómetro para los vehículos ligeros y de cinco a catorce céntimos por kilómetro para vehículos pesados. Este sistema proporcionaría una contribución económica al Estado estimada entre 60.000 y 110.000 millones de euros en un plazo de 25 años, “lo que permitiría afrontar las necesidades de inversión y mantenimiento en la red de infraestructuras viarias”, señala el documento.

Seopan

El presidente de Seopan, Julián Núnez, inauguró en Madrid el 29 de octubre el acto de presentación del informe ‘Hacia un modelo social y sostenible de infraestructuras viarias en España’, realizado por AT Kearney / Seopan

Desde Seopan enmarcan estas demandas en la tendencia hacia la tarificación de Europa, donde está generalizada la financiación por parte del usuario del mantenimiento y mejora de las infraestructuras viarias. Según datos de la patronal, más de veinte países europeos tienen tarificado el 100% de sus redes viarias de gran capacidad que supera los 62.000 kilómetros, mientras que España tiene, actualmente, tan solo el 18%.

Desde CETM reaccionan con dureza a estas propuestas de Seopan. Se trata, en su opinión, de una estrategia “cansina y repetitiva, ligada exclusivamente a los intereses particulares de sectores afines al mundo de las concesiones y de la construcción de grandes infraestructuras y que está encaminada a manipular tanto a la opinión pública como a la opinión publicada, pensando únicamente en su propio beneficio”.

“Estamos absolutamente convencidos de que la implantación de nuevos peajes tendría efectos negativos inmediatos en la competitividad de toda la economía española, encareciendo el precio de nuestros productos, dificultando su exportación como consecuencia de nuestra situación periférica y lastrando la producción y el consumo”, sostiene la patronal presidida por Ovidio de la Roza, que reivindica la relevancia económica del sector: “Seopan se olvida de que el transporte de mercancías por carretera representa la columna vertebral de la sociedad, el comercio y la industria de nuestro país, que se desarrolla gracias a nuestra capacidad para transportar mercancías y acercar a los consumidores los productos que necesita con eficiencia y regularidad”. Desde la patronal consideran que la mejor prueba de la competitividad del sector “es que los cargadores nos eligen libremente para que transportemos más del 85% de los productos que consumimos cada día”.

También desde Astic son críticos a las conclusiones del documento de AT Kearney, aunque coinciden en que las infraestructuras viarias no son las adecuadas. “El quid de la cuestión es quién debería pagar esas mejoras en las carreteras y zonas anexas, y defendemos que correspondería a toda la sociedad en su conjunto, al Estado, porque es un beneficio para todos, hagamos o no uso directo de ellas, al igual que hospitales, centros de salud, comisarías o colegios”, explica el director general de la asociación, Ramón Valdivia, que considera que gravar la carretera con nuevas tasas por uso “supone dar por buena la falacia de que ahora los usuarios no las están pagando, cuando en realidad no es así, puesto que lo desembolsan a través de los impuestos por el combustible, que contribuyen con creces a sufragar los costes de la movilidad, construcción y mantenimiento de carreteras incluidos”.

La organización de transportistas carga además contra las medidas recaudatorias que propone Seopan en Madrid y Barcelona. La valoración de Valdivia es que esta opción “abriría una fragmentación adicional a la europea, como es la de las comunidades autónomas, del pago por uso a todo tipo de administraciones”. En este sentido, recuerda que las organizaciones sectoriales del transporte por carretera se opusieron al peaje adoptado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, aplicado solo a camiones que transitaran por las carreteras N-1 y A-15, y que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declaró ilegal el pasado abril, por considerar esta carga impositiva “una discriminación indirecta” hacia los vehículos de más de 3,5 toneladas procedentes de fuera de esta provincia.

Euroviñeta para camiones y coches
Mientras tanto, el pasado 25 de octubre, el Parlamento Europeo aprobó una reforma  de la euroviñeta que propone la extensión de este modelo de tarificación a todos los usuarios de las carreteras y no exclusivamente al tráfico pesado. La propuesta, que  ahora deberá ser validada por el Consejo, ha sido bien acogida desde el seno del transporte, como muestra la Unión Europea de Transportistas por Carretera (UETR). Su secretario general, Marco Digioia, explica que la organización “siempre ha apoyado un principio de que quien contamina paga, sin establecer discriminaciones, lo que garantiza su imparcialidad y eficiencia. Pero por esta razón, cuestionamos las reglas que permiten a los Estados miembros establecer reducciones para los vehículos ligeros, lo que conduciría a distorsiones que podrían llevar a un mayor uso de estos vehículos y, por lo tanto, a una mayor congestión”.

Por su parte, el director general de Astic parte en este debate posicionándose “en contra de cualquier forma y tipo de viñeta que limite la circulación de personas y mercancías por la UE. Pero dado que existen por voluntad expresa de Bruselas, desde luego nos parece doblemente injusto el sistema actual que, con el pretexto de hacer valer el principio ‘quien usa, paga’ al final solamente carga sobre los transportistas el gravamen”. En opinión de Ramón Valdivia, “la revisión que está en marcha, con la extensión a todos los usuarios no deja de ser, al fin y al cabo, un reconocimiento de esa grave injusticia que la actual regulación consagra”. No obstante, el responsable de Astic reconoce sus dudas sobre esta reforma: “Mucho nos tememos que sea un simple artificio para aumentar la recaudación, y no para repartir esa carga entre un mucho más amplio colectivo, con la consiguiente drástica disminución del precio para los que ahora lo soportan en exclusiva”.

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