El Constitucional niega a la Generalitat la capacidad para electrificar los puertos

por El Vigía

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales una quincena de artículos de la ley catalana del cambio climático, una decisión que el consejero de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, considera que limita la capacidad del Govern de impulsar políticas contra la emergencia climática.

En concreto, la decisión del Constitucional niega a la Generalitat la capacidad de poder declarar el Mediterráneo zona libre de prospecciones de hidrocarburos y de desarrollar proyectos de electrificación de los puertos, tal y como había planificado para la red de Ports de la Generalitat. Aun así, “el Govern buscará la manera de poder sacar adelante esta medida en el marco de sus competencias”, ha asegurado Calvet.

“Esta sentencia, que es compleja y que estamos acabando de estudiar”, ha explicado el consejero, “tiene aspectos que consideramos muy graves”, como el de “limitar la capacidad de la Generalitat de establecer objetivos cuantificables de reducción de CO2” y “negar la territorialización de los ingresos derivados de la subasta de carbono”.

La Generalitat explica que la decisión del Tribunal no afecta a los artículos que regulan el impuesto sobre las emisiones de gases invernadero a determinados vehículos de tracción mecánica, como turismos, vehículos comerciales ligeros y motocicletas, que siguen adelante.

En este sentido, el Govern avanza que trabaja con la intención que el impuesto se pueda empezar a recaudar lo antes posible, «teniendo en cuenta que es de una gran complejidad porque es lo primero de estas característques que se aplica a Europa».

Los ingresos obtenidos se destinarán, a partes iguales, al Fondo Climático y el Fondo de Patrimonio Natural, los dos de nueva creación. El Fondo Climático servirá para fomentar las renovables; la descentralización de redes; el autoconsumo eléctrico; las viviendas energéticamente eficientes; la movilidad sostenible; la eficiencia y el ahorro de agua; la conservación de la biodiversidad; la modificación de procesos de producción; la investigación y la innovación; o la reducción de la vulnerabilidad de los sectores económicos.

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