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El Consell Assessor d’Infraestructures reclama la planificación a largo plazo de la obra pública

El Vigía

13 junio, 2018

Lamenta que los ciclos electorales “juegan un papel determinante a la hora de fijar los calendarios de obras”

El presidente del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya, Francisco Gutiérrez, ha presentado este miércoles en Barcelona un informe sobre “La eficiencia de la inversión en infraestructuras” en el que reclama a las administraciones una planificación consensuada, entre todos los actores, estructurada a largo plazo, de 10 a 15 años, independientemente de los recorrido de los ciclos electorales.

El documento, redactado por expertos en la materia, aborda la forma de mejorar la eficiencia de las inversiones públicas en infraestructuras a partir de criterios de retorno económico, social y ambiental, “en pro de una mayor transparencia, que permita favorecer un mayor conocimiento para la opinión pública”.

Desde el Consell explican que “el Estado español ocupa las últimas posiciones a nivel internacional en cuanto a la planificación de las infraestructuras públicas así como en su transparencia y acceso a la información”. Su valoración es que este déficit se explica porque las administraciones públicas “no han tenido que justificar ante nadie el valor económico y la eficiencia de la planificación de las infraestructuras, ni la calidad de su construcción ni la explotación ni el mantenimiento a lo largo de su vida útil”.

En este sentido, insisten en la relevancia de que la planificación de las infraestructuras no dependa de los ciclos electorales, “que actualmente juegan un papel determinante a la hora de fijar los calendarios de obras”. En este sentido, consideran que una planificación a largo plazo “permitiría a las empresas prever volúmenes de trabajo y ajustar sus propuestas a los sucesivos procesos de licitación pública, lo que también ayudaría a la planificación de las empresas del sector”.

El Consell reclama, además, que las administraciones públicas lleven a cabo estudios de eficiencia mediante análisis coste-beneficio que tengan en consideración tres parámetros clave: su retorno económico, social y ambiental. “De este modo, se podría demostrar y justificar ante la opinión pública y la ciudadanía en general, que la solución adoptada es la que mejor se ajusta al interés común y que se hace un uso más responsables de los impuestos y de los recursos públicos”, señala el comunicado. “El ciudadano debe tener acceso a toda la información y debe poder opinar, desde su participación en el proceso de planificación hasta la entrada en servicio de la infraestructura”, aseguran.