El Consejo de la UE propone simplificar las concesiones para culminar la red TEN-T

por El Vigía

El Consejo de la Unión Europea ha alcanzado este lunes un acuerdo en el que propone “simplificar los procedimientos de concesión de autorizaciones y facilitar así la finalización de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T)”. La propuesta, que deberá ser aprobado tanto por el Consejo como por el Parlamento Europeo, pretende también aclarar los procedimientos que deben seguir los promotores de proyectos en lo que respecta a la concesión de autorizaciones y la contratación pública.

Desde el Consejo recuerdan que la red TEN-T tiene dos niveles: una red global, que garantiza la conectividad de todas las regiones de la Unión, y una red básica, que comprende aquellos elementos de la red global que son de máxima importancia estratégica para la Unión. La red básica debe finalizarse como máximo en 2030, y la red global, en 2050.

La posición del Consejo reclama modificar la naturaleza jurídica de la propuesta, de reglamento a directiva, “de modo que los Estados miembros cuenten con la flexibilidad necesaria para aprovechar los procedimientos de concesión de autorizaciones actualmente en vigor”.

El proyecto de directiva abarcará proyectos que formen parte de enlaces transfronterizos y enlaces pendientes predeterminados de la red básica de la TEN-T, aunque los Estados miembros tendrán libertad para aplicar la directiva también a otros proyectos de la red de la TEN-T “para así permitir un planteamiento armonizado más amplio en proyectos de infraestructura de transportes”.

El Consejo señala que para mejorar la eficiencia y aumentar la transparencia de los procedimientos, los Estados miembros designarán una autoridad que actúe como punto de contacto principal para el promotor del proyecto a la hora de recibir orientación sobre la presentación de documentación y otra información.

Detallan que el proceso completo de concesión de autorizaciones no excederá un plazo de cuatro años y que este plazo solo podrá prorrogarse en casos debidamente justificados. Los Estados miembros dispondrán de dos años a partir de la entrada en vigor de la Directiva para incorporar sus disposiciones al derecho interno.

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