El Comité Nacional del Transporte presenta al ministerio un decálogo de reivindicaciones

por El Vigía

Un mes después de la toma de posesión de José Luis Ábalos en el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, las asociaciones integradas al Comité Nacional del Transporte por Carretera han presentado una batería con diez demandas para reclamar la atención del nuevo departamento.

Los transportistas sitúan como primera medida su oposición a la tarificación de infraestructuras y al desvío obligatorio de vehículos pesados hacia vías de peaje, por lo que exigen la participación del Comité Nacional “en cuantas mesas de debate de la cuestión se abran”.

Proponen, también, la modificación de la ley de contrato de transporte, “derogando la posibilidad del pacto en contrario, en las siguientes materias: plazos de pago, aplicación de la cláusula de revisión del precio del combustible y operaciones de carga y descarga”. Demandan, además, que incluya la prohibición de que, en el transporte de carga completa, la carga y la descarga la realice el conductor del vehículo; la coordinación de las actividades de transporte; y la reducción del tiempo previsto para la paralización, y su pago efectivo por parte de los cargadores.

El Comité pide la modificación de la normativa de pesos y dimensiones de los vehículos de transporte de mercancías “en tanto que no se alcancen condiciones de equilibrio, contractual y económico, en las relaciones mercantiles entre transportistas y sus clientes”.

Además, reclaman medidas eficaces en la lucha contra las empresas buzón y contra los fraudes cometidos por medio de cooperativas de trabajo asociado y otros supuestos de competencia desleal.

Los transportistas demandan al ministerio una mayor coordinación de los planes de movilidad, por medio de una “negociación y racionalización en la política de transición ecológica”. Reclaman la armonización fiscal en el sector del transporte, así como la elaboración y el desarrollo de planes de áreas de descanso en toda la red viaria, que cuenten con certificación de área segura.

Las demandas, acordadas en el pleno celebrado el miércoles, incluyen el mantenimiento del régimen de gasóleo profesional y de las ayudas al abandono de actividad y a la formación. Por último, el Comité reclama al Gobierno “que inste las medidas legislativas que sean precisas para conseguir la viabilidad del sector, incorporando a nuestro ordenamiento normas ya existentes en derecho comparado”.

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