El Ararteko cuestiona los procedimientos de cobro y gestión del peaje de Gipuzkoa

por El Vigía

El Defensor del Pueblo Vasco exige a la Diputación de Gipuzkoa que modifique los procedimientos de gestión y cobro del peaje de la N-1 y A-15 por no ajustarse a la legalidad vigente. La recomendación del Ararteko es consecuencia de la denuncia presentada en junio de 2018 por la federación de transportistas Fenadismer ante esta institución autonómica por las “actuaciones abusivas llevadas a cabo por la concesionaria del peaje contra los transportistas en caso de presuntos impagos del peaje”. El Ararteko considera que el procedimiento sancionador y de apremio que aplica la Diputación Foral para exigir el cobro del peaje incumple la legalidad vigente, lo que obliga a su modificación.

El cobro del peaje en la N-I y la A-15, vigente desde enero de 2018, declarado nulo por el TSJ del País Vasco, ha venido ocasionando, según los transportistas, importantes errores y abusos. Y esto pese a que el sistema utilizado fue calificado de pionero por la propia Diputación, al estar basado en unos pórticos de control que evitan que los vehículos tengan que detenerse para realizar el pago.

NUMEROSOS COBROS INDEBIDOS

En los primeros meses de la entrada en vigor se produjeron “numerosos casos de cobros indebidos” a vehículos no sujetos al pago del peaje, como camiones y furgonetas de menos de 3,5 toneladas, o incluso de camiones mayores, cuya tarifa es inferior. Asimismo, cuestiona la actuación de Bidegi en los procedimientos de notificación de deudas por presuntos impagos. La concesionaria comunicaba la existencia de un impago sin especificar la carretera, ni la fecha, ni la hora en que se produjo la presunta falta, ni el pórtico atravesado, ni el importe reclamado. Para obtener esta información se obligaba al transportista a registrarse en la web de Bidegi, facilitar sus datos personales y una tarjeta bancaria para el pago.

Tras la denuncia, la empresa concesionaria se vio obligada a rectificar e incluir en la información remitida a los transportistas los datos relativos a las deudas pendientes así como a eliminar el requerimiento de apremio.

Sin embargo, por lo que se refiere al procedimiento sancionador y al de cobro por vía de apremio, el Defensor del Pueblo Vasco considera que vulneran la legalidad “al mezclar ambos procedimientos”, que deberían “tramitarse de manera independiente, de conformidad con las formalidades y trámites previstos en la norma foral”. Y recomienda modificarlos.

Esta norma, que substituye a la declarada ilegal por los tribunales, fue igualmente impugnada por el Comité Nacional de Transporte por Carretera, que espera una sentencia en las próximas semanas.

Artículos relacionados

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies