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El administrador concursal de Transportes Souto destapa un crédito de 13,7 millones de euros a favor de uno de los socios

El Vigía

13 septiembre, 2018

El informe considera “absolutamente precipitada” la decisión de paralizar la actividad en febrero de 2018

El Juzgado que tramita el concurso de acreedores de Transportes Souto ha publicado el informe provisional de la administración concursal, que señala que la compañía otorgó un crédito de 13,7 millones de euros a favor del socio y administrador Jesús Martínez Souto. Según la información aportada por Fenadismer, la administración concursal reclamó una justificación a esta operación, pero no ha obtenido respuesta, por lo que en el informe se reconoce el desconocimiento del “propósito de tal operación ni mucho menos el beneficio obtenido para la compañía”.

El informe carga, además, contra la decisión de paralizar la actividad de la empresa, que cesó la prestación de servicios a sus clientes en febrero de 2018, lo que afectó a los más de 700 transportistas que de forma habitual trabajaban para el operador. En el documento, la administración concursal manifiesta su sorpresa por la paralización “repentina y radical” de la actividad de la compañía, que a su entender se realizó “de forma absolutamente precipitada, sin la planificación y coordinación que le correspondería a una empresa de esta dimensión”, teniendo en cuenta que la cifra de negocios de Transportes Souto en 2017 era superior a los 77 millones de euros y que la deuda acumulada con sus acreedores se situaba en 70 millones de euros.

La administración considera incomprensible e injustificado que la empresa no iniciara un expediente de regulación de empleo de la plantilla, previo a la declaración de concurso, “teniendo en cuenta que muchos de los trabajadores llevaban sin cobrar la paga extra de Navidad de 2017”. Lamenta, en este sentido, que esta indecisión provocó que los trabajadores alargaran innecesariamente su relación laboral, “incrementando de forma importante sus deudas salariales contra la masa”, teniendo en cuenta que la nómina mensual de la compañía superaba los 800.000 euros mensuales. Además, considera “inadmisible” que una empresa con un volumen de negocio tan importante, hubiera concedido permiso a todo el personal de los departamentos administrativos, contables y financieros, a excepción de una única persona, lo que “no solo supone una absoluta insuficiencia de medios materiales y humanos, sino que ha dificultado tanto conocer la situación contable y financiera de la compañía como la tramitación del procedimiento”.

En el documento, el administrador concursal pone también de relieve la excesiva exposición de la empresa a inversiones inmobiliarias. Así por lo que se refiere a los alquileres de alguna de las naves donde realizaba sus operaciones, las rentas mensuales no pueden “considerarse importes ajustados a mercado”, según detalla el informe, que también llama la atención sobre el hecho de que la empresa concursada “haya invertido el dinero generado con su actividad principal (transporte de mercancías) no en la actividad que forma parte de su objeto social, sino en el sector inmobiliario”, habiéndose producido un deterioro de activos inmobiliarios por un importe cercano a los seis millones de euros que lleva a cabo la empresa contablemente a finales de 2014, lo que ocasiona “un importante quebranto”.

El administrador concluye el informe con un “juicio crítico sobre las cuentas anuales y los estados financieros” de la empresa, haciendo mención especial sobre algunos aspectos contables de Souto, entre otros, su absoluta falta de recursos y el estado general de la contabilidad, que se tradujo en “un abandono de sus obligaciones contables y fiscales”. La administración ejemplifica esta situación con el escaso control sobre los elementos de transporte (gabarras, camiones, carretillas y transpalets), “que no es propio de una empresa de esta dimensión”, o el hecho de que sobre alguno de los camiones existían varias cargas hipotecarias (hasta cinco en algún caso) de deudas canceladas y pendientes del correspondiente alzamiento registral.

Desde Fenadismer señalan que una vez presentado este informe y tras concluirse la fase común del concurso, “se procederá a la apertura de la fase de liquidación en la que el administrador concursal hará el informe definitivo y propondrá la calificación del concurso de acreedores”.