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La CNMC sanciona con 3,4 millones a empresas y sindicatos de la estiba del puerto de Vigo

El Vigía

1 agosto, 2018

Prohibieron las labores de embarque y desembarque de vehículos a motor sin matricular a trabajadores que no fueran estibadores

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a cinco empresas estibadoras y cinco sindicatos “por pactar acuerdos que restringían la competencia en el puerto de Vigo, encarecían precios y le hacían perder competitividad”, según un comunicado emitido este miércoles. Según la CNMC, “dichos pactos impedían el embarque y desembarque de vehículos a motor sin matricular y la recepción y entrega de mercancías por parte de trabajadores que no fueran estibadores”. “Todo ello en contra de la legislación aplicable, que otorga libertad a las empresas para  decidir la composición de su fuerza laboral en las actividades excluidas del régimen de la estiba”, sostiene. 

La investigación se se inició a partir de una comunicación realizada por la Autoridad Portuaria de Vigo, que previamente se había dirigido a Puertos del Estado, y en la que denunciaba el acuerdo extraestatutario alcanzado entre varias empresas y sindicatos. Tras la investigación, la CNMC ha sancionado los dos acuerdos suscritos en 2010 y 2013 entre la Autoridad Portuaria de Vigo, la Sagep de Vigo, cinco empresas estibadoras (que son accionistas de dicha Sagep) y cinco sindicatos.  

Las cinco empresas estibadoras sancionadas son Líneas Marítimas Españolas, Bergé Marítima, Estibadora Gallega, Terminales Marítimas De Vigo y Pérez Torres Marítima, con multas que ascienden a 2,911 millones de euros. Por su parte, los cinco sindicatos sancionados son UGT, CCOO, CGT, Confederación Intersindical Galega (CIG) y Coordinadora, con multas que se elevan a 530.000 euros. 

La conducta sancionada consiste en adoptar acuerdos para reservar en exclusiva para el personal de la Sagep de Vigo la contratación de trabajadores para prestar los servicios de embarque y desembarque de vehículos a motor sin matricular, y de recepción y entrega de mercancías, desde la entrada en vigor de la Ley 33/2010, con exclusión de otro tipo de trabajadores. 

En el comunicado, la CNMC señala que “conoce la relevancia del derecho a la negociación colectiva como herramienta que permite a los trabajadores defender sus intereses”, aunque asegura que “en este caso no se trata de acuerdos que regulan condiciones laborales, sino el intento de extender una reserva legal (la actividad de la estiba) a ámbitos en que no son de aplicación porque están liberalizados”. En este sentido, sostiene que, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE y del Tribunal Supremo español, “los acuerdos examinados no pueden considerarse convenios colectivos, dado que no regulan las condiciones laborales de los trabajadores de Sagep sino la organización interna de las empresas estibadoras”. 

Los acuerdos sancionados “impedían que estas empresas estibadoras decidieran de forma independiente su organización interna y los trabajadores que podían  contratar para desarrollar los servicios que prestaban en el puerto. En especial, la carga y descarga de vehículos de motor, servicio que no está reservado a los estibadores. Además, esta limitación constituía un obstáculo para la prestación de servicios portuarios básicos por parte de empresas distintas de las firmantes del acuerdo y por trabajadores que no fueran estibadores”. 

Desde la CNMC consideran que “dichos pactos tampoco son un acuerdo interno de la Sagep, decidido exclusivamente entre sus accionistas (empresas estibadoras) y los empleados representados en el comité de empresa”. “Por el contrario -añade-, se trata de un acuerdo entre empresas independientes que compiten entre sí (las empresas estibadoras accionistas de la Sagep) que deben decidir su organización autónomamente y al que se sumaron los sindicatos y la Autoridad Portuaria de Vigo”. “Los acuerdos no regulaban las condiciones laborales de los trabajadores de Sagep sino que limitaban la organización interna de empresas competidoras y los servicios que podrían prestar trabajadores no incluidos en Sagep”, explica Competencia, que recuerda que contra esta resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa, aunque se puede presentar un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en un plazo de dos meses.

El importe más elevado entre las empresas sancionadas recae en Berge Marítima, con una multa de 1,480 millones de euros; seguida por Terminales Marítimas de Vigo, con 700.000 euros; Pérez Torres Marítima, 490.000 euro; Líneas Marítimas Españolas, con una multa de 199.276; y Estibadora Gallega, sancionada con 42.412 euros.

Por su parte, CCOO y UGT son los sindicatos con multas más elevadas, con sendas sanciones de 170.000 euros; Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios de Vigo, con 100.000 euros; Confederación Intersindical Galega, con 70.000 euros; CGT, 20.000; y Coordinadora, con 1.000 euros.