Bruselas obliga a recortar en 400 millones las subvenciones a Correos

por El Vigía

La Comisión Europea ha obligado al Gobierno español a reducir las ayudas que concede a Correos para el periodo 2011-2020 en 400 millones de euros. El Estado había asignado al operador público 1.680 millones de euros para este periodo, pero desde Bruselas solo aceptan, como tope máximo, 1.280 millones. Así, desde Europa ofrecen un pacto consistente en no iniciar un expediente de infracción a cambio de limitar de inmediato las cantidades entregadas entre 2011-2020, pues las califica de “ilegales”.

De todas formas, la cantidad también está pendiente de revisión por parte de la CNMC, que podría reducir aún más a la baja este importe debido a las numerosas advertencias que viene realizando en los últimos años a Correos, según señalan desde la organización logística UNO, que, junto a Asempre, la patronal española de empresas prestadoras de servicios postales universales, vienen denunciando desde hace tiempo las subvenciones que recibe Correos. “Esta decisión evita que España vuelva a ser señalada en Europa por favorecer prácticas de competencia desleal en el sector postal y de paquetería en un momento en el que necesita transmitir credibilidad en la gestión de las cuentas públicas”, apuntan desde UNO.

Así, para este mismo año, el operador público solo podrá contar con 61 millones de euros públicos para realizar el SPU porque, según las cuentas públicas comunicadas a la Comisión Europea, ya ha gastado 1.219 millones. Al mismo tiempo, según informa UNO y Asempre, se trata de la primera vez que la Comisión Europea declara públicamente que los importantes descuentos realizados por Correos a grandes clientes, realizados por debajo de costes, no pueden ser compensados por el dinero público que recibe para realizar el SPU, como ya señaló hace unas semanas la propia CNMC.

Además, esta decisión también obliga al Gobierno a notificar previamente este año las ayudas que va a entregar a Correos para el periodo comprendido entre el año 2021 y el 2025. Esta orden debería suponer, según apuntan desde UNO, la aprobación de un plan concreto de prestación de servicios y de contabilidad analítica de Correos, lo cual está pendiente desde 2011.

“Nunca hemos perseguido que se sancione al estado español, sino que se limitaran las excesivas ayudas públicas y que no se pagara con el dinero de todos los españoles las pérdidas provocadas por los descuentos excesivos que aplica Correos a sus grandes clientes, lo cual le permite trabajar por debajo de coste”, concluyen desde UNO y Asempre.

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