Brexit: un tiro en el pie

por Alejandro Arola
Alejandro Arola

Presidente de Grupo Arola

No es este ni el lugar ni el momento de valorar la oportunidad política o la necesidad institucional del referéndum que convocó para el 23 de junio de 2016 el entonces primer ministro británico, David Cameron, o si los votantes –51,9% de votos favorables a abandonar la UE y 48,1% que deseaban la permanencia– eran conocedores de todos los efectos sociales, económicos, sanitarios, laborales, financieros, industriales, regulatorios y, también, aduaneros que tenía su voto. En todo caso, este último aspecto, el aduanero, es el que deseamos y debemos analizar.

El tiempo, siempre indefectible, ha ido avanzando hasta situar tanto a la UE como al Reino Unido en una de las peores situaciones –sino la peor- que podían darse en este convulso proceso, que se inició cuando el 29 de marzo de 2017 el Gobierno británico comunico de manera formal a la Comisión su decisión de dejar la Unión Europea de la que era miembro desde el 1 de enero de 1973. Quizás aún estaba latente en el resultado del referéndum el histórico veto que Francia había impuesto a Reino Unido, evitando que fuese miembro fundacional del gran proyecto europeo y, por tanto, signatario del Tratado de Roma junto con Alemania Federal, Bélgica, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y la propia Francia. Puede que, por ello, los británicos hayan sido siempre los menos europeístas de todos los europeos.

Sea como fuese, y a poco más de dos meses de que el artículo 50 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) culmine su efectividad, la única certeza es, como me comentaba hace unos días uno de los negociadores en Bruselas, la incertidumbre de cómo se desarrollará el comercio y los intercambios de mercancías entre la UE y Reino Unido a partir del 30 marzo o, en su caso, a partir del 1 de julio en el supuesto de que se consensue una prórroga a ese plazo de dos años que señala el mencionado artículo 50.

La importancia, y también dependencia económica, que tienen ambas partes requieren un acuerdo ordenado de salida, así como procedimientos eficientes y efectivos en el intercambio de mercancías que, cumplidores de la normativa, no perjudiquen los flujos comerciales. Surge en este nuevo escenario, ahora inhóspito, un actor fundamental y estratégico: las aduanas, que deberán desarrollar nuevas fórmulas tanto en el análisis de riesgos como en la gestión de las declaraciones de importación y exportación en que devendrán los actuales intercambios comunitarios. Parece lógico pensar que Reino Unido no deberá seguir, a partir de su salida de la UE, los mismos criterios de análisis de riegos que tienen otros países no pertenecientes a la Unión. Casi 50 años formando parte del proyecto europeo pueden ser también parte de la solución.

Ya las autoridades aduaneras han ido señalando este criterio en el que –en el tráfico marítimo- la activación de declaraciones sumarias a la salida de las mercancías podría permitir el envío de la declaración aduanera de manera previa y el despacho antes de la llegada de la mercancía al puerto de destino. Soluciones similares deben plantearse para el trascendente tráfico de camiones que hay entre la UE y Reino Unido. Las plataformas tecnológicas y un análisis de riesgo específico para Reino Unido pueden ayudar a minimizar un efecto frontera que, sin embargo, no podrá obviarse porque soplar y sorber a la vez no es posible.

Alternativas similares podrían aplicar las demás administraciones que realizan las importantes funciones de control, inspección y verificación de determinadas mercancías. Sanidad Exterior, Farmacia, Soivre, la Inspección Fitosanitaria o Veterinaria. Criterios y formatos de gestión similares que permitan un control efectivo dentro del marco normativo en el que quede la relación entre ambas partes.

«No son las empresas las que deben soportar más perjuicios derivados por desacuerdos políticos, por falta de previsión o, incluso, por protagonismos personales de algunos dirigentes como los que parece estamos AAlejandrocontemplando»

Pero para todo ello, tanto las administraciones como los operadores, las empresas importadoras y exportadoras, los representantes aduaneros, los transitarios, transportistas, plataformas logísticas, autoridades y terminales portuarias precisan planificar sus proyectos, adaptar sus estructuras a los nuevos requisitos y posibilitar que las mercancías no queden retenidas en las Aduanas a partir del 30 de marzo o en el momento en que se produzca la salida efectiva de Reino Unido de la UE.

Pero este no es ni nuestro cometido ni nuestra responsabilidad. Este es el cometido y la responsabilidad de las autoridades políticas y de los gobernantes, de quienes han provocado esta situación y han propiciado este resultado. No son las empresas las que deben soportar más perjuicios derivados por desacuerdos políticos, por falta de previsión o, incluso, por protagonismos personales de algunos dirigentes como los que parece estamos contemplando.

Sin embargo, y sin intención de ser pesimista, parece que estamos cada vez más cerca de darnos un tiro en el pie.

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