Astic cree necesario distinguir entre empresas deslocalizadas y buzón

por El Vigía

Astic entiende necesario distinguir entre las empresa deslocalizadas y las empresas buzón en el transporte de mercancías por carretera. A juicio de la patronal del transporte internacional, ambas realidades son muy distintas. La empresa buzón constituye un tipo de fraude que hay que controlar y perseguir, mientras que la deslocalizada es legal y es un fenómeno que existe en otros sectores económicos, más allá del transporte. En la primera parte de su informe Perspectivas cruzadas, de lo legal a lo legítimo, presentado este viernes, la Asociación del Transporte Internacional por Carretera asegura que “el ejercicio de la libertad de establecimiento recogida en el Tratado de Funcionamiento de la UE está protegido tanto por el legislador como la jurisprudencia europeos, y dicho ejercicio, que no está exento de dificultades, no debe confundirse con la problemática de las empresas buzón”.

Según la organización, las letterbox aprovechan con “ánimo fraudulento” las posibilidades que la ley y la jurisprudencia dejan abiertas entre el ejercicio de las libertades fundamentales, en particular la libertad de establecimiento, y el derecho fiscal, laboral y social. En este sentido, apunta que las infracciones a la normativa vigente tienen en primer lugar “costos importantes para las empresas en términos de competencia desleal”.

EL PAQUETE DE MOVILIDAD

Además desde el punto de vista fiscal, social y laboral, también tiene costes para el Estado. “Por estas razones, es necesario distinguir una empresa deslocalizada de una buzón e incorporar soluciones a nivel legislativo europeo para, garantizando el respeto del Derecho de la Unión Europea, proteger a las empresas en el mercado de prácticas abusivas”, arguye.

El controvertido paquete de movilidad, que incluye propuestas de modificación importante incluso respecto a la directiva 2014/67/EU, puede representar un “gran hito” en la regulación del ejercicio de la libertad de establecimiento y prestación de servicios. Al mismo tiempo, garantiza el respeto de otras disposiciones europeas y nacionales de orden fiscal o laboral y se establecen condiciones adecuadas de competencia leal entre empresas.

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