Armesa carga contra la CNMC y niega la existencia de un cártel en el transporte frigorífico

por El Vigía

La compañía Arnedo Medina Valencia (Armesa) ha reaccionado con un duro comunicado al anuncio emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el que avanzó la sanción de 8,85 millones de euros a 12 empresas del transporte frigorífico por carretera. La empresa valenciana, multada con 260.825 euros, ha explicado que «recurrirá la sanción hasta que los tribunales se pronuncien, en última instancia, por entender que aquello que alega la CNMC es total y absolutamente falso, y en ningún momento esta empresa ha participado en cártel alguno ni ha llevado a cabo prácticas de fijación de precios».
Armesa «quiere dejar claro su absoluto desacuerdo con la utilización del calificativo cártel, pues el mismo se adjudica a organizaciones delincuentes o mafiosas, y aquí sólo se trata de empresas dedicadas a facilitar la creación de trabajo y riqueza para este país», explica en el comunicado.
La nota emitida por la compañía crítica la actuación de la CNMC, al entender que la información pública emitida sobre las sanciones «sólo causa un mayor quebranto a los implicados, pues se dan por ciertos, temas, asuntos, conductas, etc. que sólo les corresponde a los tribunales de justicia fijar como tales, lo que implica de daño reputacional, cuya reparación nos reservamos». De esta forma, Armesa asegura que «hará valer cuantas acciones le asistan, exigiendo la responsabilidad que corresponda y anticipando la Denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos».
Por otra parte, la empresa recuerda que «la CNMC ha sido en el último año y medio, desautorizada de forma continua y continuada por las distintas sentencias del Tribunal Supremo, por su particular y peculiar forma de justificar y realizar sus inspecciones, y en consecuencia con la vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles ya sean personas físicas o jurídicas, que tienen y reconoce la Constitución Española. Por último, la compañía lamenta «que un organismo que debería dedicar sus recursos, públicos, a la mejora de la competencia, los dedique a tramitar expedientes administrativos con una vulneración clara de los principios que deben basar toda actuación de las administraciones y sus organismos, mientras los verdaderos cárteles empresariales siguen con sus prácticas en perjuicio del libre mercado y de los ciudadanos».

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