Algeciras niega restricciones a la competencia en sus servicios de amarre

por El Vigía

El puerto de Algeciras ha salido al paso del expediente sancionador abierto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a las partes firmantes del Acuerdo de Estabilidad en el empleo para la actividad del amarre y desamarre de buques en el puerto Bahía de Algeciras, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz en agosto de 2016, por incluir presuntamente cláusulas restrictivas de la competencia. La Autoridad Portuaria asegura que el enclave es actualmente, de entre los 48 puertos de interés general del Estado, el que mayor diversificación presenta en la prestación de los servicios de amarre. «Estos servicios se prestan en la actualidad en Algeciras por dos compañías, estando tramitándose en estos momentos la autorización de una tercera, además de otras cuatro empresas, concesionarias de otras tantas instalaciones portuarias en la Bahía, que se prestan su propio servicio de amarre mediante el régimen de integración de servicios que contempla la ley. Todo ello, sin contar con otra empresa de amarre adicional que presta los servicios en Tarifa», añade la autoridad portuaria.

Según el puerto algecireño, «de los datos del Observatorio Permanente de los Servicios Portuarios también se deduce que las tarifas por los servicios de amarre en el puerto Bahía de Algeciras son de las más bajas de todo el sistema portuario español en casi todos los tramos de tamaños de buques».

Según la Comisión, que dispone de un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución, algunas de las cláusulas del acuerdo afectarían a la libertad y al coste de contratación de los nuevos operadores, limitando el acceso a la actividad de amarre y desamarre e impidiendo la plena aplicación del régimen de libre competencia en la prestación de este servicio en Algeciras.

Las conductas analizadas tienen su origen en la información que la entidad Puertos del Estado remitió a la CNMC. A partir de ésta, la Comisión inició una información reservada con el fin de determinar si existían circunstancias que justificasen la incoación de un expediente sancionador. Como resultado de dicha información reservada, la CNMC ha observado indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas por la normativa de competencia.

Así, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia, ha acordado la incoación del expediente sancionador a la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CCOO-FSC), la Unión General de Trabajadores-Servicios de Movilidad y Consumo (UGT-SMC), el Sindicato de Actividades Marítimas del Estado Español (SAME), la Asociación de Empresas de Servicios de la Bahía de Algeciras (AESBA), y la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC), por una presunta infracción del artículo 1 de la LDC y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

 

 

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