Aeade amplía sus servicios y apuesta por el arbitraje marítimo

por El Vigía

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La Asociación Europea de Arbitraje (Aeade) ha presentado el Comité Internacional de Arbitraje Marítimo y Transporte, cuyo objetivo será «solucionar los conflictos que puedan darse en la industria marítima, del transporte y del comercio internacional», tal y como explica Miquel Roca, socio director del bufete Blas de Lezos y presidente del Comité. «La principal ventaja de este nuevo Comité es que, a diferencia de otros, dispone de un panel de juristas de primer nivel que ya no ejercen la abogacía y, por lo tanto, no tienen intereses directos en el sector».

Roca considera que el arbitraje marítimo tiene mucho recorrido en España, pues por lo general este tipo de disputas se resuelve en Londres, Singapur o Hamburgo. «Depende de dónde tenga su sede la naviera de turno», comenta Roca. «Por lo general en los contratos de conocimiento de embarque no se da suficiente importancia a la cláusula de jurisdicción, cuando debería ser la primera en negociarse», ya que es donde se estipulan las condiciones de resolución de una posible controversia derivada de dicho contrato o que guarde relación con él.

«Muchos bancos y aseguradoras británicas aprovechan las negociaciones de financiación o primas para incluir descuentos a cambio de que las navieras resuelvan sus conflictos de arbitraje en Londres», añade Roca, lo cual supone un sobrecoste importante para los transitarios y consignatarios españoles, que se ven obligados a desplazarse hasta allí para resolver un conflicto que muchas veces tiene una cuantía muy inferior a las costas del propio arbitraje. «Uno de los grandes inconvenientes que tienen los grandes tribunales de arbitraje como la London Maritime Arbitrators Association (LMAA) o la London Court of International Arbitration (LCIA) son las costas», aclara Roca. Y aquí es donde el nuevo Comité Internacional de Arbitraje Marítimo y Transporte de Aeade puede ofrecer una ventaja decisiva con «unas tarifas razonables».

Lograr entrar en el mercado, el gran reto

En un mercado tan consolidado como el del arbitraje marítimo, donde unas cuantas ciudades acaparan la mayor parte de los procedimientos arbitrales, no es fácil atraer clientes, pero el esfuerzo vale la pena. «En 2009 la LMAA resolvió 3.000 casos sobre pólizas y la LCIA otros 200, de los cuales el 80% de los casos superó el millón de euros y el 8% los 20 millones de euros», señala Miquel Roca.

Sin embargo, Josep Bertrán, socio del bufete Brosa Abogados y Economistas, considera que «mientras no se puedan negociar las condiciones de embarque es difícil que haya un mercado sólido», en referencia a la posición de poder que ostenta una naviera frente a un pequeño transitario. A pesar de declararse «bastante reticente respecto al arbitraje», Bertrán reconoce que la iniciativa de Aeade va en la buena dirección «porque resuelve dos de los grandes problemas que tienen este tipo de procedimientos: independencia de los árbitros y tarifas razonables», ya que es el cliente el paga las costas y quiere asegurarse que recibe un trato imparcial.

Por su parte, el secretario general de Asociación Europea de Arbitraje (Aeade), Javier Íscar, resumió la apuesta de su asociación por el arbitraje marítimo: «El Comité Internacional de Arbitraje Marítimo y Transporte dispone de un panel de árbitros especialistas en sus respectivos campos de actuación, por lo que el cliente se asegura que su caso será tratado por alguien con conocimiento de causa. Además, los procedimientos de arbitraje se tratan con absoluta confidencialidad tanto durante como después del laudo, que es inapelable, y tienen un plazo de resolución en torno a los seis meses, aunque se pueden alargar un poco más en función de su complejidad o de si requiere pruebas periciales, por ejemplo».

La ventaja de tener unos plazos marcados es que, para bien o para mal, el asunto se resuelve de manera rápida y eficaz. «Es preferible perder un arbitraje en seis meses que ganar un pleito en ocho años», apuntó Miquel Roca, ya que en los casos de larga duración hay que provisionar cantidades importantes de dinero durante años para cubrir las costas de una sentencia desfavorable, algo que no todas las empresas pueden permitirse.

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