Acuerdo entre cargadores y transportistas para poner fin a la morosidad

por El Vigía

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Finalmente, las organizaciones de cargadores, representadas por Aecoc, Aeutransmer y Transprime, y de transportistas, representados por el CNTC, han logrado este martes consensuar un acuerdo para lograr solucionar sus diferencias, especialmente centradas en la morosidad por parte de los primeros en el pago de los servicios prestados por los transportistas y la imposibilidad de repercutir en los contratos los incrementos de costes por la subida del combustible. Esta era la tercera reunión que ambas partes celebraban con la intermediación de la dirección general de Transporte Terrestre del ministerio de Fomento.

según informa la Confederación Española de Transporte de Mercancía (CETM) en un comunicado, la firma de este acuerdo tendrá lugar el próximo martes 19 de abril, una vez que el ministerio de Fomento, que también lo suscribirá, haya revisado y analizado los puntos que le competen.

El acuerdo, que alcanza un total de 14 puntos, inicia su encabezamiento recordando que el próximo 29 de agosto se cumplirán once años desde la firma del «Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación de Transporte de Mercancías por Carretera», entre el CNTC, los cargadores (Aecoc, Aeutransmer y Transprime) y el propio ministerio de Fomento.

En este momento, las organizaciones firmantes del Código de Buenas Prácticas estiman necesario publicitar y trasladar al mercado real disposiciones concretas, que aun estando previstas legalmente no son suficientemente aplicadas en la práctica mercantil. Considerando que la eficacia y aplicación de estos instrumentos, de una forma inmediata, «son convenientes para superar la actual coyuntura económica». Igualmente estiman necesario corregir determinadas singularidades y anomalías de la cadena de transporte, impulsando «las modificaciones legislativas que fueren menester para su depuración».

Libertad de mercado

Por ello, el acuerdo, «teniendo en cuenta que el libre mercado y la libertad de pacto están en nuestro ordenamiento», pretende introducir recomendaciones y favorecer disposiciones reglamentarias que refuercen su mejor cumplimiento. En primer lugar, cargadores y transportistas se comprometen nuevamente a «tener presentes y divulgar los principios establecidos en la aplicación del Código de Buenas Prácticas Mercantiles, consensuado en el año 2000».

Asimismo, rechazan «rotundamente» las prácticas de abuso de posición de dominio por cualquiera de las partes, «fundamentalmente en los momentos en que se produzcan desequilibrios en el ajuste entre oferta y demanda».

Como tercer punto del acuerdo, se insta a todas a todos los cargadores a realizar los pagos por el servicio en los plazos máximos establecidos en la Ley de Contrato de Transporte y Ley de Morosidad. Para ello, «el CNTC promoverá ante la Administración las modificaciones legislativas necesarias en orden a que el incumplimiento de los plazos máximos de pago del transporte comporte, además de las consecuencias propias de la morosidad en las relaciones contractuales, también sanción administrativa, análogamente a como se contempla en la legislación de países de nuestro entorno como Francia e Italia».

También «se instará a cargadores y transportistas a la novación voluntaria de los contratos de larga duración firmados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 15/2009, adaptando los plazos de pago al máximo de días marcados por dicha Ley. También se fomentará la aplicación del artículo 38 de la Ley de Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías, sobre las cláusulas de revisión del precio del transporte por carretera en función de la variación del precio del gasóleo».

Transparencia en la cadena de suministro

El acuerdo también establece fomentar la transparencia y seguridad en la cadena de transporte «promoviendo las reformas legislativas pertinentes para regular el número de operadores de transporte y transportistas que pueden intervenir en una misma operación de transporte de mercancías por carretera». Mientras tanto, las asociaciones de operadores logísticos, agencias de transporte, empresas transportistas y cargadores, en su más amplio sentido de la palabra, recomendarán a sus asociados reducir el número de contrataciones sucesivas al máximo posible.

Como exigian algunas asociaciones de transportistas, se difundirá y publicitará los datos resultantes del Observatorio de Costes elaborado por el Ministerio de Fomento.

También se exigirá de los servicios de defensa de la competencia el control de los mercados y de los criterios con los que las empresas comercializadoras establecen los precios del combustible. De forma paralela, se solicitará al Gobierno que inicie la tramitación legislativa necesaria para la eliminación del Impuesto venta minorista sobre hidrocarburos de ámbito autonómico (céntimo sanitario) y la integración del tramo estatal dentro del impuesto especial de hidrocarburos, tal como pide la Comisión Europea.

Por último, los firmantes del acuerdo se comprometen a la creación de una comisión de seguimiento del nivel de cumplimiento de estos acuerdos. Esta comisión se reunirá al menos cada tres meses y, en cualquier momento, a instancia de cualquiera de la partes.

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