A veces no hay que cumplir con lo prometido

por Alberto Garrido
Alberto Garrido

Abogado

Los que hemos estudiado la carrera de Derecho sabemos que existe una norma implícita en todo contrato para modificar lo pactado, y que los profesores nos insistían en que era extremadamente difícil que pudiera ser alegada con éxito ante jueces y tribunales. Esta es la llamada cláusula rebus sic stantibus (estando así las cosas) de gran actualidad hoy como remedio propuesto para paliar las consecuencias económicas derivadas de la situación generada por la pandemia del Covid-19.

Esta cláusula –no escrita– no obedece más que al sentido común y viene a decir que cabrá la revisión, o incluso la resolución del contrato, cuando sobrevenga una alteración extraordinaria de las iniciales circunstancias que presidieron la celebración del contrato, siempre que tal alteración hubiera sido imprevisible.

La cláusula no está recogida expresamente en ninguna ley (salvo en España en el derecho foral navarro) porque en el momento de la redacción de los códigos civil y mercantil, a finales del siglo XIX, tenía una importancia clave el principio del respeto a la autonomía de la voluntad y a lo pactado (pacta sunt servanda). Fue la jurisprudencia, en aras de la equidad y el equilibrio entre las recíprocas prestaciones, la que consideró implícita la cláusula en todo contrato para casos excepcionales, recogiendo una tradición que se remontaba ya al Derecho romano y, más precisamente, a lo escrito por Cicerón cuando decía: “…a veces no hay que cumplir con lo prometido y no siempre hay que devolver los depósitos. Si alguno en su sano juicio te hubiera entregado en depósito una espada y la reclama en medio de un acceso de locura, devolverla sería una mala acción, y no devolverla, el deber”.

“La cláusula ‘rebus sic stantibus’ viene a decir que cabrá la revisión, o incluso, la resolución del contrato, cuando sobrevenga una alteración extraordinaria de las iniciales circunstancias que presidieron la celebración del contrato, siempre que tal alteración hubiera sido imprevisible”

A la vista de ello, en las circunstancias actuales podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿Vivimos hoy en una situación excepcional que ha sobrevenido de forma imprevisible y que ha alterado extraordinariamente las circunstancias iniciales que presidieron algunos contratos?

Si leemos, ya en sus primeras líneas la exposición de motivos del real decreto 463/2020 que establece el estado de alarma encontramos que el mismo declara que “las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos.”

Así, mientras la situación imprevisible deriva de la propia pandemia la situación extraordinaria que ha sobrevenido es consecuencia no solo de aquella sino también de la promulgación del citado real decreto pues, por un lado, establece el estado –excepcional– de alarma y, por otro, a algunos empresarios les impide ejercer su actividad y a otros les lleva a reducir sus ingresos considerablemente (aun cuando la promulgación pudiera estar justificada por motivos de salud).

A la vista de esto, la respuesta a la pregunta que hemos formulado ha de ser, sin duda, positiva, por lo que cabría alegar la cláusula rebus sic stantibus y obtener con éxito un pronunciamiento judicial si no se llega a un acuerdo previo por las partes contratantes.

No obstante, hubiera sido deseable que la propia normativa que ha ido sacando el Gobierno hubiera calculado mejor sus consecuencias para evitar el conflicto, en aras de la equidad. El Gobierno, en muchos casos, ha dejado al arbitrio de las partes el arreglo de sus situaciones personales, lo que en definitiva provocará problemas y un incremento de la litigiosidad. Esto es seguramente lo que ocurrirá, por ejemplo, con los contratos de arrendamiento de local de negocios, pues lo más lógico hubiera sido que la norma hubiera suspendido o moderado (según su afectación) el pago de la renta, en función de si el arrendatario podría o no ejercer su actividad empresarial.

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